Deficit de la caja de jubilaciones de Córdoba.

Difundimos:

Corriente Nacional de la Militancia

COMUNICADO DE PRENSA

Acompañamos documento y declaración de la Corriente Nacional de la Militancia de Córdoba, en la que se  fija posición frente a la embestida del Gobierno Provincial, secundados pasivamente por la UCR y el juecismo, pretendiendo transferir al proyecto nacional la responsabilidad por la grave crisis que sufren las finanzas provinciales.

La crisis en el sector público de Córdoba está motivada en una política que combinó de manera perversa el  permanente endeudamiento y un sistema impositivo regresivo.

Por lo que la Corriente reclamo “…abandonar las políticas neoliberales de vivir de prestado, gestionando para todos los cordobeses y no para un minúsculo sector privilegiado, entre otros,  los grandes propietarios de campo.”

  

La denuncia del Pacto Fiscal de 1992 y la realidad de las Finanzas de la Provincia

La denuncia del pacto fiscal de 1992 y el reclamo ante la Corte, planteada con gran despliegue mediático por el Gobernador de Córdoba, encubre la verdadera naturaleza de los problemas fiscales de la Provincia en general y del déficit de su Caja de Jubilaciones en particular.  

El contexto de aquel pacto era muy diferente del actual. En los años de la convertibilidad, las provincias tuvieron severas dificultades para financiar su gasto. La presión tributaria que lograban en conjunto los tres niveles del estado era mucho más baja que la actual, en proporción al PBI, y el estado nacional, según los momentos, financió sus déficits con privatizaciones o con incremento de deudas. En aquel momento, el 15 % cedido por las provincias fue a cambio del arreglo de múltiples situaciones particulares que las aquejaban y, sobre todo, de un piso mínimo de transferencias por coparticipación, fijado en aquel momento en 725 millones de pesos convertibles y no en porcentaje, como modo de asegurarse el pago de los gastos mínimos de funcionamiento.  

La crisis de 2001 encontró al conjunto de provincias con graves  insuficiencias en materia de ingresos públicos y fuerte gravitación de las deudas acumuladas. A fines de 2002, para el conjunto de provincias, la relación deuda/ingresos anuales alcanzaba el 216 %, bajando a 185 % en 2003.   

Este indicador encontraba a Córdoba (con un 197,3% en 2003) en el peor lugar entre las provincias “grandes”, ya que era 168 % para Mendoza, 135 % para Buenos Aires, 61 % para Santa Fé y 55,4 % para la Ciudad de Buenos Aires.

Sucesivos programas de la Nación permitieron reestructurar progresivamente las deudas provinciales. Para 2009, la relación deuda/ingresos se había reducido, también por efecto del alza en la recaudación derivada del importante crecimiento económico entre 2003 y 2008, pero en Córdoba todavía representaba un 79,5 %, frente al 68,2 % en Mendoza, el 32 % en Buenos Aires, el 9 % en Mendoza y en Santa Fé.  Aunque los ingresos propios crecieron en Córdoba entre 2003 y 2009 a una tasa media anual del 24 %, los ingresos de origen nacional tuvieron para la provincia en el mismo período un crecimiento superior, del 27,8 %.

La participación de los ingresos propios en los ingresos totales alcanzaba en Córdoba un 36 % de los ingresos totales en 2009. Un indicador mucho más bajo que el de la C.A.B.A (88 %), Buenos Aires (51 %), Mendoza (43 %). Sólo Santa Fé, entre las provincias grandes, alcanzaba una participación menor de los ingresos propios (32 %)

Así como distintas jurisdicciones se preocuparon en aprovechar esos años de bonanza para reducir su deuda en términos absolutos, este no fue el caso de Córdoba. Entre 2003 y 2009 la deuda por habitante pasó en nuestra provincia de $ 1868 a $ 2889, mientras que en Buenos Aires se redujo de $ 2963 a $ 2044; en Santa Fé de $ 661 a $ 306 y en la C.A.B.A. de $ 735 a $ 445.

El Programa Federal de Desendeudamiento, acordado entre la Nación y las Provincias en 2010, permitió una importante reducción absoluta de las deudas provinciales, de $ 9.644  millones para el conjunto de jurisdicciones provinciales, así como la re-estructuración a largo plazo de las deudas remanentes con la Nación.

Según la ley provincial 9.827, que aprobó en Córdoba la adhesión de la provincia a dicho programa de desendeudamiento, la reducción de deuda lograda por ese instrumento alcanzó los $ 1.342 millones, mientras que el Valor Presente Neto de la mejora de condiciones, computando también  de la re-estructuración de plazos, sumó $ 2.221 millones.

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos de la Nación, la deuda pública de la Provincia de Córdoba no ha cesado de crecer. Según la propia información oficial del Ministerio de Finanzas, pasó de $ 9.617 millones al cierre del ejercicio 2009, a $ 10.611 millones en 2010 y $ 11.099 millones al 31 de diciembre de 2011. Y esto es el resultado de un Gasto Público Provincial que se ha expandido, a partir de 2003, a una tasa de crecimiento promedio anual superior en más de un punto porcentual a la del crecimiento de los ingresos.

La  política previsional de la Provincia ha sido un componente más de una gestión temeraria de las finanzas públicas. En efecto, se acrecientan innecesariamente las obligaciones de la Caja con medidas arbitrarias como las masivas jubilaciones anticipadas que se produjeron a partir del año 2000, a la vez que se desatienden los ingresos genuinos de la entidad, por la elevada incidencia de los conceptos no remunerativos en la retribución de los agentes del sector público comprendidos en el régimen jubilatorio provincial.

El reclamo de la Provincia por el convenio de la Caja, además de resultar controvertido en cuanto al cumplimiento del compromiso de armonización, presenta una significativa desproporción cuantitativa con el caudal de recursos que por distintos mecanismos el estado nacional transfiere en forma directa al Gobierno Provincial, que según el presupuesto nacional 2012 totalizarán esta año casi $ 17 mil millones, entre Coparticipación ($ 13.300 millones) y otros nueve regímenes de distribución vigentes (Obras de Carácter social, FEDEI, Fonavi, etc.).  Es notorio que el reclamo pretende magnificar la significación de lo que se reclama por la Caja, como si la causa de la penuria financiera provincial fueran esos ingresos no percibidos, y no la irresponsable gestión del gobierno local. Mal podría asentarse sobre esta falacia, la pretensión de mostrar como adalid del Federalismo a nuestro Gobernador.

Por los argumentos antes expuestos, manifestamos:

QUE NO ES VERDAD que la desfinanciada Caja de Jubilaciones Estatales de Córdoba tenga que ver con una deuda que la Nación tiene con la Caja de Jubilaciones de Córdoba, por la renuencia del gobierno de Córdoba a cumplir con la “armonización” del régimen provincial al régimen nacional de jubilaciones.

QUE NO ES VERDAD que el gobierno nacional pretenda que las jubilaciones de los estatales cordobeses se vean reducidas, propósito y ajuste que sólo existe en la ideología de este gobierno provincial, intentando que los jubilados y pensionados del Régimen Previsional de Córdoba carguen sobre sus espaldas el producto de una gestión de endeudamiento y la incorrecta utilización de los recursos coparticipables de la Nación a las provincias, tal como se expresó anteriormente, sobre todo teniendo en cuenta que los activos y la patronal aportan porcentajes mayores. La “desfinanciación” que hoy sufre la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba es producto exclusivo de las gestiones provinciales que se vienen sucediendo desde 1983 a la fecha, y que han llevado a este déficits alarmante.

QUE Pagar el 82% móvil a los jubilados estatales cordobeses  fue una determinación de la Provincia de Córdoba, que en la emergencia  requiere verse sustentada con otros recursos que están al alcance de la mano, para lo que el gobierno de Córdoba sólo debe apartarse de los parámetros del Partido Unico Neo Liberal Cordobés (Aguad, De la Sota, Juez, Mestre)  y unirse a la concepción del Proyecto Nacional y Popular que se está desarrollando en toda la Argentina.

QUE menos de 90.ooo jubilados estatales que atiende la Caja de Jubilaciones de Córdoba, contrastan con las 438.000 jubilaciones que paga el gobierno nacional a los cordobeses y los 1.500 millones que el gobierno nacional aporta a los cordobeses en pensiones no contributivas, pensiones a las madres de 7 hijos, subsidio a las embarazadas, pensiones a la discapacidad, salario univeral por hijo, etc ) sumado a todas las obras realizadas en la Provincia y al fomento de la industria, determinan la presencia real del gobierno nacional en Córdoba, sin lo que la mayoría de los cordobeses nos encontraríamos abandonados a nuestra suerte

QUE  hacer sustentable la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba y ser creativos en el desarrollo de Córdoba y del bienestar de los cordobeses pasa, entre otras cosas por cambiar una política impositiva de neto corte regresivo y desfinanciador del Estado, brecha que se viene cubriendo con endeudamiento creciente para pagar gastos corrientes que inevitablemente conduce a la quiebra del Estado Provincial y a consecuencias dolorosas para los habitantes de nuestra Provincia. Esto es, abandonar las políticas neo liberales de vivir de prestado hasta que se agote el crédito, y crear los mecanismos para vivir de lo nuestro, gestionando para todos los cordobeses y no para un minúsculo sector privilegiado. SalvadorTreber señala que que el atraso en la valuación de los campos ocasiona una pérdida muy superior a los 1000 millones, equivalente al tan meneado déficit de la Caja.

QUE  el creciente endeudamiento de la Provincia, el incorrecto tratamiento de la cuestión impositiva, las privatizaciones de las empresas de servicio público, las jubilaciones anticipadas, el trabajo precario (pasantes, monotributistas, servicios de terceros) que no tributan a la Caja de Jubilaciones de la Provincia, conllevan necesariamente al quebranto no solo de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, sino a la exhausta economía provincial. Estas políticas de corte neo liberal contrastan nítidamente con las políticas de los gobiernos de Néstor Kirchner y  Cristina Fernández de Kirchner recuperando el rol del Estado Nacional y permitiendo la recuperación, el desarrollo y el desendeudamiento de la Economía Nacional. Ejemplo que debería tomar el gobierno de Córdoba en bien del desarrollo de nuestra Provincia, la resolución de su problemática y el bienestar de todos los cordobeses.

CORDOBA, 7 DE AGOSTO 2012

AGRUPACIONES ADHERENTES: MOVIMIENTO EVITA- PARTIDO FRENTE GRANDE- JUNTA PROMOTORA POR EL PROYECTO NACIONAL Y POPULAR- TINKU JP- FRENTE TRANSVERSAL- LOS DORREGO- LA GERBALD- LA GLORIOSA J.P.

Reforma tributaria de la nación.

Escenarios La Argentina que discute Sistema Tributario e igualdad Los impuestos representan un instrumento necesario para financiar las políticas sociales que existen, y las que seguramente vendrán. Algunas voces autorizadas en materia impositiva afirman que es momento de generar un cambio estructural. Un poco de historia con vistas a institucionalizar la heterodoxia. Por Emilio Meynet | Desde la redacción de APAS La Plata 06|08|2012 La segunda mitad del año encuentra a los ciudadanos del país ante una situación que mezcla alivio con prisa, calma con ansiedad, exámenes aprobados y nuevos desafíos por delante. Podríamos acariciarnos el lomo los unos a los otros, y felicitarnos por acabar de una vez por todas con el famoso “Corralito” y el “Boden 2012”, que tantos malos recuerdos y migraciones nos costó. Pero el proyecto nacional y popular, una vez que trunca de nuevo en la historia, no deja tiempo para acariciarse los lomos; o mejor dicho, mientras lo hacemos, debemos continuar. Como esos nadadores estilizados que terminan de competir los cuatrocientos metros combinados, y a los quince minutos van por los doscientos metros pecho. Las conquistan deben ser una atrás de la otra. Hay medallas, flores; ajustar las antiparras, y a pararse en el borde otra vez. Y justamente, uno de los nuevos desafíos que el pueblo argentino está rediscutiendo es, nada más y nada menos, que la posible reforma del sistema tributario nacional. Si se hace un paralelo entre el tablero geopolítico mundial y un ring de boxeo; es más o menos estudiar cómo sería el golpe que haga caer sobre la lona al adversario, en este caso, el modelo neoliberal y su legado. Y no hablamos de legado porque el neoliberalismo sea el creador de los impuestos en la Argentina, ni del sistema tributario. Sino porque aquel proyecto de desigualdad, de concentración de varias esferas del mercado y de diferenciado acceso a la salud, a la educación y al trabajo digno; hizo que el sistema tributario vigente generara un impacto regresivo tanto en lo económico, como social y culturalmente, en las raíces de la nacionalidad. Decíamos que no se debe culpar a la década del ‘90 por el sistema tributario, pues su base quedó delineada esencialmente en los años de la década de 1930. Fueron los años del cambalache de Discepolín, tras el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen y cerró la primera experiencia democrática argentina que se había iniciado en 1916, al asumir la presidencia el caudillo radical. Si bien se trazó, entonces, el objetivo de poner algún tipo de presión sobre la venta y se embarcó en la empresa de diseñar el primer esquema de coparticipación federal; no tenía que ver con ansias de proceder a una redistribución de la riqueza. El Ejército Argentino de Agustín P. Justo buscó mantener un statu quo social y político, que amenazaba con ser desbordado por las consecuencias sociales y económicas de la crisis del ‘30. Pero la clave que da el rasgo “progresivo” al sistema tributario nacional, solo se comprende si se lo envuelve en un proyecto político que contenga determinados síntomas en su dinámica: una coherente política de inversión social en educación, vivienda, salud y jubilaciones. Y, por supuesto, la intervención estatal en el mercado y en los nodos estratégicos del desarrollo nacional. ¿Por qué hablamos de la inversión en educación, salud, vivienda y jubilaciones? Básicamente porque si deseamos una reforma fiscal de carácter progresiva, donde paguen más los que más tienen, significa que debemos tener por horizonte una razonable igualdad de condiciones y resultados, subordinando a ella la igualdad de oportunidades. Y aquí es necesario definir conceptos. Un buen punto de partida para hacerlo, según afirma el ex secretario de Cultura del gobierno de Néstor Kirchner, José Num; es el núcleo básico de la noción de desarrollo humano elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y convertido en un índice general de tres componentes. En primer término, una vida longeva y sana, medida por la esperanza de vida al nacer; luego el conocimiento, medido por la tasa de analfabetismo adulto -con una ponderación de dos tercios- y la tasa de matrícula total combinada de primaria, secundaria y terciaria -con una ponderación de un tercio-. Y por último, un nivel de vida decente, medido por el Producto Interno Bruto per cápita. Como se desprende de este índice, la mayor igualdad de condiciones y resultados debe obtenerse, ante todo, en materia de salud, de educación y de ingresos; dimensiones que en Argentina -y, desde luego, en muchos otros lugares- presentan históricamente un alto grado de asociación. Por lo tanto, para continuar encaminando al país hacia una distribución más socialmente justa, como viene sucediendo hace ya casi una década, es necesario sostener las políticas sociales que tienden a redistribuir los ingresos. Y la manera más eficiente de financiar eso que se mal denomina “gasto público” -que no es, sino, inversión- es a través de los impuestos. En un libro que reproduce conversaciones entre Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella, publicado en abril de 2003 -un mes antes de asumir la presidencia-, hay una frase del expresidente en la que afirma: “Es un tema central (la reforma fiscal). Si queremos vivir en un país en serio, es indispensable cambiar el actual sistema impositivo regresivo por otro progresivo, donde paguen los que más ganan.” Desde el golpe de Estado que derrocó al General Juan Domingo Perón en 1955 hasta ahora, la estructura tributaria argentina ha avanzado muy poco en materia de reformas tendientes a mejorar la distribución del ingreso. Por el contrario, gran parte de las medidas adoptadas tuvieron efectos regresivos, esto es, impuestos que generan desigualdad. Pero, ese carácter regresivo no pudo afirmarse hasta luego del último golpe de Estado (1976-1983). Hasta 1975 sobrevivía gran parte de la matriz productiva del peronismo, y existía una diferencia de solo 8 veces entre el 10 por ciento que más ganaba con el 10 por ciento que menos. La experiencia peronista, explica el economista tributarista del grupo Fénix, Jorge Gaggero, resultó exitosa en materia impositiva. En gran medida porque fortaleció la progresividad del impuesto sobre la renta, además de crear el impuesto a las ganancias del capital -conocido hoy como ganancias eventuales-. El giro político permitió que la presión tributaria consolidada -Nación más provincias- alcanzara niveles de avanzada en América latina: el 18 por ciento del Producto Bruto Interno entre los años ’de las décadas de 1940 y 1950. “El modelo de fuerte redistribución –explica Gaggero– logró sobrevivir durante casi dos décadas, cuando se inició el proceso de largo y gradual deterioro que se aceleró a partir de 1975”. Después sobrevinieron épocas de fuerte concentración del capital con el gobierno de facto, de dos hiperinflaciones -el “rodrigazo” en tiempos de Isabel Martínez y a finales del gobierno de Alfonsín-, de sucesivas emergencias económicas y de eficaces políticas del sector financiero y empresarial que destruyeron la progresividad del sistema impositivo nacional. El emblema de la regresividad de hoy en día es el famoso Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya alícuota general registra un nivel similar al que tiene en Francia o Suecia, pero que, a diferencia de esos países, no diferencia entre consumos básicos y suntuarios. Su contracara: un débil impuesto a las ganancias que recae en gran medida sobre las empresas y, en forma muy limitada, sobre las personas físicas. Esto es un factor de determinante negatividad para el bolsillo de los argentinos ya que, dado el alto grado de concentración económica que existe en el país (como dijimos, luego de 1975), abundan las ramas dominadas por muy pocas empresas, que actúan como formadoras de precios. De resultas de ello, toda vez que pueden les trasladan el tributo a sus compradores a través del precio que les fijan a los bienes y servicios que proveen. Esto es, que lo terminan pagando los consumidores finales. Ejemplo: de las 69 empresas relevadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) -y según números de principios de 2011- 6 manejan el 85 por ciento de las ventas del sector, y las primeras tres, el 70 por ciento. Estas compañías conforman lo que se llama un monopsonio. Funcionan como un oligopolio, pero en este caso, de compras. El sector está liderado por la multinacional francesa Carrefour, que participa con el 29 por ciento del mercado. Además de locales propios explota las tiendas de descuento Día y absorbió a la cadena Norte. Le sigue el grupo de origen chileno Cencosud, con el 21 por ciento de participación, y que opera la cadena Jumbo y en 2005 pagó 260 millones de dólares a la holandesa Ahold por la cadena Disco y su controlada Plaza Vea. El tercer puesto, con una participación del 20 por ciento, lo ocupa la cadena Coto, de capitales argentinos; seguido por la francesa Casino, con el 7 por ciento del mercado; y la cadena local La Anónima, con otro 7 por ciento. Finalmente, la estadounidense Wal-Mart está en sexto lugar, con un 5 por ciento del mercado. Cualquier empresa que quiera tener una fuerte presencia en el mercado debe caer inevitablemente en ellas. Por eso son formadoras de precios y están siendo corresponsables del actual proceso de remarcaciones. Cualquier modificación que hagan sobre los precios de los productos para mantener los niveles de rentabilidad ante los intentos del Estado de redistribuir riquezas; impactarán sobre el consumidor final, o sea, el bolsillo del vecino del 4to B. En lo que hace al volumen global de los aportes por ganancias (sociedades y personas físicas) medido como porcentaje del PBI, la media de los países avanzados es casi tres veces superior a la nuestra, aunque esta haya aumentado en los últimos años al 5,5 por ciento. Es decir, la propia composición del tributo restringe considerablemente sus alcances progresivos. No por el concepto de pagar ganancias en sí, sino por dónde se termina focalizando el golpe. A lo cual se suma el gravísimo problema de la evasión, que se estima en mucho más del 50 por ciento. Si se le añade la elusión fiscal, concluimos que una parte sustancial de este impuesto simplemente no se recauda. "La Cerealera Bunge (& Born) habría evadido impuestos a las Ganancias por $ 1.200 millones. Increíble, cuanto más ganan más evaden", destacó, con justa indignación, la presidenta de la nación, Cristina Fernández, en un Twitter del 1 de mayo de este año. El progresivo desmontaje del Estado de Bienestar, llevado a cabo primero por la “revolución” golpista de 1955, profundizada por la última dictadura y consolidada en los años de 1990 por el menemismo, impactó también en los organismos fiscalizadores, que fueron sometidos a una fuerte deslegitimación, cuando no a un copamiento por parte de grupos económicos y políticos. Una vez que desde el Estado empezaron a emerger y consolidarse los aspectos necesarios para lograr una mayor igualdad entre los habitantes del suelo argentino, como son la inversión en educación, salud y trabajo; la intervención estatal en la economía; y, en menor medida -pero también el logro más costoso que una nación históricamente dependiente puede aspirar- controlar los nodos estratégicos para el desarrollo de las fuerzas productivas; es necesario darle contorno a la estructura tributaria que dicho modelo necesita para profundizarse. Los teóricos del Grupo Fénix, entre ellos el ya citado José Nun, formularon una advertencia que afirma que en la medida en que la inversión social y los impuestos inciden sobre el crecimiento económico y la desigualdad; lo que se necesita urgentemente es una modificación en la estructura, y no en los niveles. Es decir, en momentos de urgencias y decisiones rápidas -como en 2003- era oportuno optar por medidas transitorias para obtener recursos del sistema fiscal. Pero en tiempos donde es necesario que el sistema tributario deje de golpear más fuerte sobre el 20 por ciento más pobre que sobre el 10 por ciento más rico; es menester tender al abandono de medidas o modificaciones de gravámenes para generar, en cambio, una transformación estructural. El impuesto a las ganancias, que si bien es una medida progresiva en sí, puede generar efectos negativos si no se aplica de manera adecuada. Las sociedades comerciales lo pueden sortear con el aumento de precios, lo que genera la inflación de la cual reniegan -y con razón- sectores de la población medios y bajos. Inflación es puja distributiva, ni más ni menos, y no es casualidad que siempre asome en tiempos de gobiernos nacionales-populares. Alcanzar una mayor igualdad y justicia social, sustentable en el tiempo, exige llevar a la práctica con urgencia una profunda reforma impositiva. Es nada más y nada menos que comenzar a institucionalizar la llamada “heterodoxia” económica que tanta ayudó al resurgimiento. La misma que despachó hace una semana al Boden y al Corralito. Para seguir de festejo, acariciarnos el lomo, y profundizar.