Ley de Servicios Audiovisuales

Presentación

El 7 de diciembre vence la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín que impide la plena vigencia de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en 2009. A partir de ese día todas las personas y empresas titulares de licencias, sin excepción, deberán adecuarse a la ley de la democracia.

Preguntas frecuentes

¿Qué regula la Ley? El objeto de la LSCA es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina así como el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

¿Qué pasa el 7 de diciembre? Vence la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín que suspendía para el mismo la aplicación del artículo 161, el que establece un plazo de un año para que los titulares de licencias que no se ajusten a lo fijado en la ley se adecúen. El fallo de la Corte Suprema de Justicia especifica que el “plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley” está “vencido el 28 de diciembre de 2011”.

¿Qué pasa si el Grupo Clarín no presenta un plan de adecuación antes del 7 de diciembre? La falta de presentación en ese lapso habilitará en forma automática a dictar el acto administrativo a través del cual se declare el incumplimiento.

Si el grupo Clarín no cumple con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público -garantizando las fuentes de trabajo- para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado a nuevos titulares.
 

¿Qué es la AFSCA? Son las siglas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo descentralizado y autárquico creado a partir del la LSCA, cuya función principal es aplicar, interpretar y hacer cumplir la nueva ley.

¿Cuantas medios audiovisuales puede tener un grupo? Para garantizar la pluralidad de voces, la diversidad de contenidos y el respeto por lo local, la LSCA establece en su artículo 45º limitaciones a la concentración de licencias. Así, a nivel nacional, una persona puede ser titular de 24 sistemas televisión por cable, 10 licencias de radiodifusión -sean de radio FM, AM o de televisión abierta- y una señal de contenidos (canal de cable). Mientras que a nivel local, una persona puede ser titular de una licencia de radio AM, una FM y una de radiodifusión televisiva.

¿Quién puede tener licencias o permisos? La explotación de los servicios de comunicación audiovisual “podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles”. En el caso de las sociedades comerciales, no podrán ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras (el capital extranjero está permitido pero no puede ser superior al 30 por ciento del capital accionario) y sus accionistas no podrán ser titulares de servicios públicos.

¿Qué duración tiene cada licencia? Las licencias se otorgan por un plazo de 10 años y son prorrogables por única vez, por 10 años más.

¿Qué pasó con la aplicación de la LSCA durante estos tres años? La ley es mucho más que el artículo 161. Por eso, pese a que las medidas judiciales lograron demorar la aplicación plena de la ley, desde su sanción se avanzó con la adjudicación de 365 licencias de AM y FM en todo el país, en tanto que están en marcha más de 650 concursos públicos para frecuencias de radio; se reservaron más de 1150 frecuencias para radios municipales y más de 50 para radios universitarias; se crearon más de 130 radios en escuelas primarias y secundarias; se abrieron más de 20 radios de Pueblos Originarios; más de 50 cooperativas recibieron su licencia para operar cables y más de 100 iniciaron su trámite; 50 universidades nacionales pueden tener su propia señal de televisión. En el marco de los planes de fomento del Estado nacional se produjeron más de 4000 horas de contenidos televisivos; alrededor de 100 productoras realizaron 67 series de ficción, de las que 44 fueron realizadas en distintas provincias. También se crearon 9 polos audiovisuales -con cabeceras en universidades nacionales- y 39 nodos audiovisuales tecnológicos, que articulan más de 750 organizaciones para fortalecer la producción nacional de contenidos. Los cableoperadores PyMES ya producen más de 2800 horas diarias de programación, lo que genera más de 6000 puestos de trabajo en más de 700 localidades y pueblos.

Glosario

Comunicación audiovisual: La actividad cultural cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador de un servicio de comunicación audiovisual, o productor de señales o contenidos cuya finalidad es proporcionar programas o contenidos, sobre la base de un horario de programación, con el objeto de informar, entretener o educar al público en general a través de redes de comunicación electrónicas. Comprende la radiodifusión televisiva, hacia receptores fijos, hacia receptores móviles así, como también servicios de radiodifusión sonora, independientemente del soporte utilizado, o por servicio satelital; con o sin suscripción en cualquiera de los casos.

Licencia de radio o televisión: Título que habilita a personas distintas a las personas de derecho público estatales y no estatales y a las universidades nacionales para prestar cada uno de los servicios previstos en esta ley y cuyo rango y alcance se limita a su definición en el momento de su adjudicación.

Autorización: Título que habilita a las personas de derecho público estatal y no estatal y a las universidades nacionales e institutos universitarios nacionales para prestar cada uno de los servicios previstos en esta ley, y cuyo rango y alcance se limita a su definición en el momento de su adjudicación.

Radiodifusión: La forma de radiocomunicación destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por el público en general, o determinable. Estas transmisiones pueden incluir programas sonoros, de televisión y/u otros géneros de emisión, y su recepción podrá ser efectuada por aparatos fijos o móviles.

Señal: Contenido empaquetado de programas producido para su distribución por medio de servicios de comunicación audiovisual.

Emisoras comunitarias: Son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida.

Producción local: Programación que emiten los distintos servicios, realizada en el área primaria respectiva o en el área de prestación del licenciatario en el caso de los servicios brindados mediante vínculo físico. Para ser considerada producción local, deberá ser realizada con participación de autores, artistas, actores, músicos, directores, periodistas, productores, investigadores y/o técnicos residentes en el lugar en un porcentaje no inferior al sesenta por ciento (60%) respecto del total de los participantes.

Producción propia: Producción directamente realizada por los licenciatarios o autorizados con el objeto de ser emitida originalmente en sus servicios.

Lo que hay que saber

Para la democracia, una Ley de la democracia. La Ley 22.285 de Radiodifusión, promulgada por la dictadura militar en 1980, partía de una matriz represiva y autoritaria, entendía a la comunicación como un bien escaso concedido en el ámbito del mercado y reservaba al Estado un rol de censor en vez de un papel de garante del derecho a la información. Desde la recuperación de la democracia en 1983 existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley acorde a las necesidades cívicas y participativas de la democracia, como dan cuenta los casi 60 Proyectos de Ley presentados hasta agosto de 2009, muchos de los cuales no fueron tratados debido a las fuertes presiones ejercidas por parte de los sectores involucrados.

Un ejercicio inédito de participación. La LSCA fue votada en octubre de 2009 por el Congreso de la Nación. El texto final surgió de un anteproyecto presentado en marzo de ese año por el Poder Ejecutivo -basado en los 21 puntos propuestos por la Coalición para una Radiodifusión Democrática- y puesto a disposición de la ciudadanía para su discusión. Antes de ingresar al Parlamento ese texto fue debatido a lo largo del país en 24 Foros Participativos de Consulta Pública y 80 charlas de discusión, en los que se recibieron y analizaron propuestas de incorporación, modificación y eliminación de artículos o partes de los mismos. También se abrió una dirección de correo en la que se recibieron sugerencias y documentos. En total se recibieron más de 1200 aportes que derivaron en más de 120 modificaciones del anteproyecto original. Una vez presentado en el Congreso, se realizaron dosaudiencias públicas en la Cámara de Diputados que llevaron a otras 20 modificaciones del proyecto, lo que convirtió al proceso de creación de la LSCA en un ejercicio de participación democrática inédito en la historia argentina.

Interés público. Lejos del paradigma previo que consideraba a la comunicación como un estricto espacio de mercado, la LSCA considera a la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual como una “actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”.

Libertad de expresión / Derecho a la información. La LSCA establece que el rol del Estado es el de “salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión”. En ese sentido, el Estado debe superar “los criterios basados en la sola previsión del soporte técnico” y establecer “políticas públicas regulatorias y de promoción del derecho a la información”. La promoción enfática -a lo largo del articulado- de la universalidad del acceso a los medios de comunicación como un soporte fundamental para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión se enmarca en ese sentido, al igual que la asignación del espacio radioeléctrico en base a criterios democráticos, como establece el Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, no hay en la LSCA ningún señalamiento sobre oportunidad, veracidad, temporalidad o cualquier otro predicamento respecto de la información a brindar.

Un freno a los monopolios. Las limitaciones a la cantidad de licencias, establecidas en el artículo 45º de la LSCA, tiene una función anti-monopólica que busca prevenir la concentración indebida de medios de comunicación audiovisuales o la propiedad cruzada de los mismos.

Diversidad, pluralidad, acceso y participación. La LSCA considera en su artículo 2º que “el objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en la presente es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación”. Ello implica que el Estado debe garantizar a todos los habitantes de la Nación la igualdad de oportunidades de acceso a contenidos y tipos de medios de comunicación diversos, atendiendo en particular “la satisfacción de las necesidades de información y comunicación social de las comunidades en que los medios estén instalados y alcanzan en su área de cobertura o prestación”. Para tal fin se combinan distintos ejes de la ley, entre ellos los límites a la concentración de licencias, el ingreso de nuevos actores y la división del espectro radioeléctrico en tres partes.

Nuevos actores. La LSCA estipula que “los servicios previstos por esta ley serán operados por tres (3) tipos de prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro”. Entre los titulares de este derecho se encuentran “personas de derecho público estatal y no estatal” así como “personas de existencia visible o de existencia ideal y de derecho privado, con o sin fines de lucro”. Entre ellos se destaca la incorporación, por primera vez, de los Pueblos Originarios y las universidades nacionales.

División del espectro radioeléctrico en tres partes. Siguiendo las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA la LSCA establece tres franjas de operadores de servicios, constituidas por el Estado, los privados con fines de lucro y los privados sin fines de lucro. Así, reserva frecuencias de radio y televisión para el Estado nacional y para los Estados provinciales -a los que les otorga una AM, una FM y una frecuencia de televisión abierta (con las repetidoras necesarias para cubrir todo el territorio)- y municipales, a los que se les reserva una FM. También establece que cada universidad nacional tenga su frecuencia de televisión y de radio. A los Pueblos Originarios les reserva, en las localidades donde cada pueblo esté asentado, una frecuencia de AM, una de FM y una de televisión abierta. Finalmente, la ley reserva el 33 por ciento del espectro para las entidades sin fines de lucro.

Incentivo a la producción de contenidos locales. Con el fin de reactivar la producción en las distintas regiones, promover la identidad y valores culturales locales y revertir la centralidad del área metropolitana en el sistema televisivo (haste el 2009 el 90% de la ficción era producida por 5 productoras de dos grupos económicos), la LSCA establece en su artículo 65º una serie de cuotas de producción nacional (70% para las radios, 60% para las televisoras), regional, local, propia e independiente.

Ley anotada. Al pie del articulado, la LSCA contiene referencias y explicaciones sobre los principios filosóficos y prácticos en los que se sustentan los artículos, así como un profundo ejercicio de legislación comparada.

Defensor del público. La LSCA crea la Defensoría del Público, encargada de “recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio, la televisión y demás servicios” regulados por la ley. Cuenta con “legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí y/o en representación de terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o judicial” y su titularidad (y control) es propuesta por el Congreso.  

Notas periodísticas

En EE. UU. la regulación es todo un mensaje
Por Jorge Argüello
Perfil, 12/10/2012

Comunicación audiovisual, todo lo que hay que saber
Por Damián Loreti, Diego de Charras y Luis Lozano
Página 12, 24/10/2012

"Los grupos monopólicos atacan la libertad de información"
Reportaje al Juez español Baltazar Garzón
Por Nora Veiras
Página 12, 04/11/2012

Cablevisión incumplió más de diez fallos de la justicia en favor de sus clientes
Por Leandro Renou
Tiempo Argentino, 05/11/2012

Enlaces

• El AFSCA ya recibió varios planes de adecuación a la ley
  http://www.afsca.gob.ar/2012/12/el-afsca-ya-recibio-varios-planes-de-adecuacion-a-la-ley/
• Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual
  http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm
• AFSCA
  http://www.afsca.gob.ar/home/
• OEA - Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente
  http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_ELERLI.html
• CIDH - Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
  http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2

Documentos relacionados

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• Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social. Unesco, 2008

AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS 2012

Colón y "su" descubrimiento de América

http://cazadebunkers.wordpress.com/2012/12/01/exponiendo-la-farsa-de-cristobal-colon-y-su-descubrimiento-de-america/

Las cacerolas de Santa Fé y Callao.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-207464-2012-11-09.html

La fragata Libertad de rehén.

La Fragata Libertad y la dignidad nacional

Aritz Recalde, noviembre 2012

“Lo que no puedo concebir es el que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española; una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer”. José de San Martín

La detención de la Fragata Libertad por el accionar de los especuladores bursátiles norteamericanos, muestra la impunidad con la que siguen actuando los factores de poder financiero. Estos mismos intereses, son los que están demoliendo a gran parte de Europa, continuando con las recetas económicas que destruyeron Latinoamérica.

Frente al accionar de los especuladores financieros, se suma la preocupante actitud de algunos dirigentes partidarios y de periodistas, que defienden públicamente a los bonistas en nombre de la necesidad de “honrar las deudas”. Para tal gravosa actitud, arguyen que el problema de fondo no es la detención ilegal e ilegitima de la fragata, sino que el verdadero drama estriba en que la Argentina no reconoce los derechos de los especuladores que no adhirieron al canje de deuda. De esa manera, los periodistas se debaten sobre la “vergüenza” que les da formar parte de la “Argentina deudora”.

Frente a semejante acto de atropello que implicó la detención de la fragata, es bueno preguntarse qué ocurriría si un barco militar de los Estados Unidos -que es el país con mayor deuda externa del planeta-, es detenido por un juez argentino como resultante de una demanda de un extranjero. Para poder adelantar una “potencial contestación” de los norteamericanos, vamos a comentar un altercado ocurrido hace un tiempo en las Islas Malvinas.

Tal cual lo relató José María Rosa, en el mes de diciembre del año 1831 las Islas Malvinas estaban bajo la égida del gobierno argentino, por intermedio de la comandancia de Luis Vernet. Por una disposición legal de nuestro país, estaba regulada la “pesca de anfibios” y se incluyó un impuesto a los buques pesqueros que operaban en la zona. Vernet detuvo algunos buques pesqueros de bandera norteamericana, con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación nacional. Para evitar practicar las leyes argentinas, el cónsul norteamericano en Buenos Aires George W. Slacum, mandó a las Malvinas la corbeta de guerra Lexington. El barco ingresó a Puerto Soledad, detuvo a los colonos de la isla y destruyó y saqueó las propiedades de nuestros compatriotas, que fueron arrestados ilegalmente para ser trasladados a Montevideo. Con esa agresión, los norteamericanos obtuvieron la libertad para "pescar tranquilamente" en las Malvinas.

En esa fecha, Balcarce cumplía un interinato en el gobierno y en representación del país, protestó frente a los Estados Unidos “por una conducta tan opuesta al derecho de la naciones como contraria a las relaciones de amistad y buena inteligencia que conservan ambas Repúblicas”. Reincorporado en el poder y cuestionando la gravosa tropelía, Juan Manuel de Rosas declaró persona “no grata” al nuevo ministro norteamericano en Buenos Aires, Francis Baylies, que se retiró del país en septiembre del año 1832, aconsejando que “los Estados Unidos declarasen la guerra al insolente gobierno de Buenos Aires”. Frente a la agresión norteamericana, Rosas mantuvo acéfala la representación de la Argentina en Washington hasta el año 1838, en el que se nombró a Carlos María de Alvear con instrucciones de “entenderse directamente con la Secretaria de Estado” sobre la reclamación por el atropello.

Tal cual se lee, parece que algunos empresarios norteamericanos están acostumbrados a no cumplir las leyes y a realizar abusos contra la soberanía de los países. Por suerte para la dignidad nacional, tanto Juan Manuel de Rosas como el gobierno actual, no están dispuestos a negociar frente a la presión y a la prepotencia de los grupos económicos extranjeros y tal cual estableció Cristina Fernández de Kirchner, “se podrán quedar con la fragata, pero no con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país. No se va a quedar con eso ningún fondo buitre, ni nadie".

Limpieza del Río Dulce

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/saneamiento-sali-dulce-corte?utm_medium=email&utm_campaign=Titulares+2012.10.31&utm_content=Titulares+del+d%C3%ADa+31-10-2012+MsgID_BD6E62397&utm_source=Titulares+LaVoz

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La sucesión del Kirchnerismo

http://diariochaco.com/noticia/155129/Edgardo-Mocca-La-sucesion-de-Cristina-se-discutira-en-las-politicas-publicas.html

Conflicto en la gendarmería

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205047-2012-10-07.html

REBELDES CON CAUSAS

Las contradicciones de Lanata

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Alinearse al proyecto

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-204244-2012-09-26.html

La pelea por el catolicismo

http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/7encuentro/article/viewFile/445/486

Primero desolar y luego ocupar.

http://cazadebunkers.wordpress.com/2012/09/02/quedan-solo-48-horas-para-que-se-abra-la-ventana-estelar-y-puedan-activar-haarp-para-crear-terremotos-mundiales-reporte-de-esta-ultima-semana/#comment-6977

Deficit de la caja de jubilaciones de Córdoba.

Difundimos:

Corriente Nacional de la Militancia

COMUNICADO DE PRENSA

Acompañamos documento y declaración de la Corriente Nacional de la Militancia de Córdoba, en la que se  fija posición frente a la embestida del Gobierno Provincial, secundados pasivamente por la UCR y el juecismo, pretendiendo transferir al proyecto nacional la responsabilidad por la grave crisis que sufren las finanzas provinciales.

La crisis en el sector público de Córdoba está motivada en una política que combinó de manera perversa el  permanente endeudamiento y un sistema impositivo regresivo.

Por lo que la Corriente reclamo “…abandonar las políticas neoliberales de vivir de prestado, gestionando para todos los cordobeses y no para un minúsculo sector privilegiado, entre otros,  los grandes propietarios de campo.”

  

La denuncia del Pacto Fiscal de 1992 y la realidad de las Finanzas de la Provincia

La denuncia del pacto fiscal de 1992 y el reclamo ante la Corte, planteada con gran despliegue mediático por el Gobernador de Córdoba, encubre la verdadera naturaleza de los problemas fiscales de la Provincia en general y del déficit de su Caja de Jubilaciones en particular.  

El contexto de aquel pacto era muy diferente del actual. En los años de la convertibilidad, las provincias tuvieron severas dificultades para financiar su gasto. La presión tributaria que lograban en conjunto los tres niveles del estado era mucho más baja que la actual, en proporción al PBI, y el estado nacional, según los momentos, financió sus déficits con privatizaciones o con incremento de deudas. En aquel momento, el 15 % cedido por las provincias fue a cambio del arreglo de múltiples situaciones particulares que las aquejaban y, sobre todo, de un piso mínimo de transferencias por coparticipación, fijado en aquel momento en 725 millones de pesos convertibles y no en porcentaje, como modo de asegurarse el pago de los gastos mínimos de funcionamiento.  

La crisis de 2001 encontró al conjunto de provincias con graves  insuficiencias en materia de ingresos públicos y fuerte gravitación de las deudas acumuladas. A fines de 2002, para el conjunto de provincias, la relación deuda/ingresos anuales alcanzaba el 216 %, bajando a 185 % en 2003.   

Este indicador encontraba a Córdoba (con un 197,3% en 2003) en el peor lugar entre las provincias “grandes”, ya que era 168 % para Mendoza, 135 % para Buenos Aires, 61 % para Santa Fé y 55,4 % para la Ciudad de Buenos Aires.

Sucesivos programas de la Nación permitieron reestructurar progresivamente las deudas provinciales. Para 2009, la relación deuda/ingresos se había reducido, también por efecto del alza en la recaudación derivada del importante crecimiento económico entre 2003 y 2008, pero en Córdoba todavía representaba un 79,5 %, frente al 68,2 % en Mendoza, el 32 % en Buenos Aires, el 9 % en Mendoza y en Santa Fé.  Aunque los ingresos propios crecieron en Córdoba entre 2003 y 2009 a una tasa media anual del 24 %, los ingresos de origen nacional tuvieron para la provincia en el mismo período un crecimiento superior, del 27,8 %.

La participación de los ingresos propios en los ingresos totales alcanzaba en Córdoba un 36 % de los ingresos totales en 2009. Un indicador mucho más bajo que el de la C.A.B.A (88 %), Buenos Aires (51 %), Mendoza (43 %). Sólo Santa Fé, entre las provincias grandes, alcanzaba una participación menor de los ingresos propios (32 %)

Así como distintas jurisdicciones se preocuparon en aprovechar esos años de bonanza para reducir su deuda en términos absolutos, este no fue el caso de Córdoba. Entre 2003 y 2009 la deuda por habitante pasó en nuestra provincia de $ 1868 a $ 2889, mientras que en Buenos Aires se redujo de $ 2963 a $ 2044; en Santa Fé de $ 661 a $ 306 y en la C.A.B.A. de $ 735 a $ 445.

El Programa Federal de Desendeudamiento, acordado entre la Nación y las Provincias en 2010, permitió una importante reducción absoluta de las deudas provinciales, de $ 9.644  millones para el conjunto de jurisdicciones provinciales, así como la re-estructuración a largo plazo de las deudas remanentes con la Nación.

Según la ley provincial 9.827, que aprobó en Córdoba la adhesión de la provincia a dicho programa de desendeudamiento, la reducción de deuda lograda por ese instrumento alcanzó los $ 1.342 millones, mientras que el Valor Presente Neto de la mejora de condiciones, computando también  de la re-estructuración de plazos, sumó $ 2.221 millones.

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos de la Nación, la deuda pública de la Provincia de Córdoba no ha cesado de crecer. Según la propia información oficial del Ministerio de Finanzas, pasó de $ 9.617 millones al cierre del ejercicio 2009, a $ 10.611 millones en 2010 y $ 11.099 millones al 31 de diciembre de 2011. Y esto es el resultado de un Gasto Público Provincial que se ha expandido, a partir de 2003, a una tasa de crecimiento promedio anual superior en más de un punto porcentual a la del crecimiento de los ingresos.

La  política previsional de la Provincia ha sido un componente más de una gestión temeraria de las finanzas públicas. En efecto, se acrecientan innecesariamente las obligaciones de la Caja con medidas arbitrarias como las masivas jubilaciones anticipadas que se produjeron a partir del año 2000, a la vez que se desatienden los ingresos genuinos de la entidad, por la elevada incidencia de los conceptos no remunerativos en la retribución de los agentes del sector público comprendidos en el régimen jubilatorio provincial.

El reclamo de la Provincia por el convenio de la Caja, además de resultar controvertido en cuanto al cumplimiento del compromiso de armonización, presenta una significativa desproporción cuantitativa con el caudal de recursos que por distintos mecanismos el estado nacional transfiere en forma directa al Gobierno Provincial, que según el presupuesto nacional 2012 totalizarán esta año casi $ 17 mil millones, entre Coparticipación ($ 13.300 millones) y otros nueve regímenes de distribución vigentes (Obras de Carácter social, FEDEI, Fonavi, etc.).  Es notorio que el reclamo pretende magnificar la significación de lo que se reclama por la Caja, como si la causa de la penuria financiera provincial fueran esos ingresos no percibidos, y no la irresponsable gestión del gobierno local. Mal podría asentarse sobre esta falacia, la pretensión de mostrar como adalid del Federalismo a nuestro Gobernador.

Por los argumentos antes expuestos, manifestamos:

QUE NO ES VERDAD que la desfinanciada Caja de Jubilaciones Estatales de Córdoba tenga que ver con una deuda que la Nación tiene con la Caja de Jubilaciones de Córdoba, por la renuencia del gobierno de Córdoba a cumplir con la “armonización” del régimen provincial al régimen nacional de jubilaciones.

QUE NO ES VERDAD que el gobierno nacional pretenda que las jubilaciones de los estatales cordobeses se vean reducidas, propósito y ajuste que sólo existe en la ideología de este gobierno provincial, intentando que los jubilados y pensionados del Régimen Previsional de Córdoba carguen sobre sus espaldas el producto de una gestión de endeudamiento y la incorrecta utilización de los recursos coparticipables de la Nación a las provincias, tal como se expresó anteriormente, sobre todo teniendo en cuenta que los activos y la patronal aportan porcentajes mayores. La “desfinanciación” que hoy sufre la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba es producto exclusivo de las gestiones provinciales que se vienen sucediendo desde 1983 a la fecha, y que han llevado a este déficits alarmante.

QUE Pagar el 82% móvil a los jubilados estatales cordobeses  fue una determinación de la Provincia de Córdoba, que en la emergencia  requiere verse sustentada con otros recursos que están al alcance de la mano, para lo que el gobierno de Córdoba sólo debe apartarse de los parámetros del Partido Unico Neo Liberal Cordobés (Aguad, De la Sota, Juez, Mestre)  y unirse a la concepción del Proyecto Nacional y Popular que se está desarrollando en toda la Argentina.

QUE menos de 90.ooo jubilados estatales que atiende la Caja de Jubilaciones de Córdoba, contrastan con las 438.000 jubilaciones que paga el gobierno nacional a los cordobeses y los 1.500 millones que el gobierno nacional aporta a los cordobeses en pensiones no contributivas, pensiones a las madres de 7 hijos, subsidio a las embarazadas, pensiones a la discapacidad, salario univeral por hijo, etc ) sumado a todas las obras realizadas en la Provincia y al fomento de la industria, determinan la presencia real del gobierno nacional en Córdoba, sin lo que la mayoría de los cordobeses nos encontraríamos abandonados a nuestra suerte

QUE  hacer sustentable la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba y ser creativos en el desarrollo de Córdoba y del bienestar de los cordobeses pasa, entre otras cosas por cambiar una política impositiva de neto corte regresivo y desfinanciador del Estado, brecha que se viene cubriendo con endeudamiento creciente para pagar gastos corrientes que inevitablemente conduce a la quiebra del Estado Provincial y a consecuencias dolorosas para los habitantes de nuestra Provincia. Esto es, abandonar las políticas neo liberales de vivir de prestado hasta que se agote el crédito, y crear los mecanismos para vivir de lo nuestro, gestionando para todos los cordobeses y no para un minúsculo sector privilegiado. SalvadorTreber señala que que el atraso en la valuación de los campos ocasiona una pérdida muy superior a los 1000 millones, equivalente al tan meneado déficit de la Caja.

QUE  el creciente endeudamiento de la Provincia, el incorrecto tratamiento de la cuestión impositiva, las privatizaciones de las empresas de servicio público, las jubilaciones anticipadas, el trabajo precario (pasantes, monotributistas, servicios de terceros) que no tributan a la Caja de Jubilaciones de la Provincia, conllevan necesariamente al quebranto no solo de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, sino a la exhausta economía provincial. Estas políticas de corte neo liberal contrastan nítidamente con las políticas de los gobiernos de Néstor Kirchner y  Cristina Fernández de Kirchner recuperando el rol del Estado Nacional y permitiendo la recuperación, el desarrollo y el desendeudamiento de la Economía Nacional. Ejemplo que debería tomar el gobierno de Córdoba en bien del desarrollo de nuestra Provincia, la resolución de su problemática y el bienestar de todos los cordobeses.

CORDOBA, 7 DE AGOSTO 2012

AGRUPACIONES ADHERENTES: MOVIMIENTO EVITA- PARTIDO FRENTE GRANDE- JUNTA PROMOTORA POR EL PROYECTO NACIONAL Y POPULAR- TINKU JP- FRENTE TRANSVERSAL- LOS DORREGO- LA GERBALD- LA GLORIOSA J.P.

Reforma tributaria de la nación.

Escenarios La Argentina que discute Sistema Tributario e igualdad Los impuestos representan un instrumento necesario para financiar las políticas sociales que existen, y las que seguramente vendrán. Algunas voces autorizadas en materia impositiva afirman que es momento de generar un cambio estructural. Un poco de historia con vistas a institucionalizar la heterodoxia. Por Emilio Meynet | Desde la redacción de APAS La Plata 06|08|2012 La segunda mitad del año encuentra a los ciudadanos del país ante una situación que mezcla alivio con prisa, calma con ansiedad, exámenes aprobados y nuevos desafíos por delante. Podríamos acariciarnos el lomo los unos a los otros, y felicitarnos por acabar de una vez por todas con el famoso “Corralito” y el “Boden 2012”, que tantos malos recuerdos y migraciones nos costó. Pero el proyecto nacional y popular, una vez que trunca de nuevo en la historia, no deja tiempo para acariciarse los lomos; o mejor dicho, mientras lo hacemos, debemos continuar. Como esos nadadores estilizados que terminan de competir los cuatrocientos metros combinados, y a los quince minutos van por los doscientos metros pecho. Las conquistan deben ser una atrás de la otra. Hay medallas, flores; ajustar las antiparras, y a pararse en el borde otra vez. Y justamente, uno de los nuevos desafíos que el pueblo argentino está rediscutiendo es, nada más y nada menos, que la posible reforma del sistema tributario nacional. Si se hace un paralelo entre el tablero geopolítico mundial y un ring de boxeo; es más o menos estudiar cómo sería el golpe que haga caer sobre la lona al adversario, en este caso, el modelo neoliberal y su legado. Y no hablamos de legado porque el neoliberalismo sea el creador de los impuestos en la Argentina, ni del sistema tributario. Sino porque aquel proyecto de desigualdad, de concentración de varias esferas del mercado y de diferenciado acceso a la salud, a la educación y al trabajo digno; hizo que el sistema tributario vigente generara un impacto regresivo tanto en lo económico, como social y culturalmente, en las raíces de la nacionalidad. Decíamos que no se debe culpar a la década del ‘90 por el sistema tributario, pues su base quedó delineada esencialmente en los años de la década de 1930. Fueron los años del cambalache de Discepolín, tras el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen y cerró la primera experiencia democrática argentina que se había iniciado en 1916, al asumir la presidencia el caudillo radical. Si bien se trazó, entonces, el objetivo de poner algún tipo de presión sobre la venta y se embarcó en la empresa de diseñar el primer esquema de coparticipación federal; no tenía que ver con ansias de proceder a una redistribución de la riqueza. El Ejército Argentino de Agustín P. Justo buscó mantener un statu quo social y político, que amenazaba con ser desbordado por las consecuencias sociales y económicas de la crisis del ‘30. Pero la clave que da el rasgo “progresivo” al sistema tributario nacional, solo se comprende si se lo envuelve en un proyecto político que contenga determinados síntomas en su dinámica: una coherente política de inversión social en educación, vivienda, salud y jubilaciones. Y, por supuesto, la intervención estatal en el mercado y en los nodos estratégicos del desarrollo nacional. ¿Por qué hablamos de la inversión en educación, salud, vivienda y jubilaciones? Básicamente porque si deseamos una reforma fiscal de carácter progresiva, donde paguen más los que más tienen, significa que debemos tener por horizonte una razonable igualdad de condiciones y resultados, subordinando a ella la igualdad de oportunidades. Y aquí es necesario definir conceptos. Un buen punto de partida para hacerlo, según afirma el ex secretario de Cultura del gobierno de Néstor Kirchner, José Num; es el núcleo básico de la noción de desarrollo humano elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y convertido en un índice general de tres componentes. En primer término, una vida longeva y sana, medida por la esperanza de vida al nacer; luego el conocimiento, medido por la tasa de analfabetismo adulto -con una ponderación de dos tercios- y la tasa de matrícula total combinada de primaria, secundaria y terciaria -con una ponderación de un tercio-. Y por último, un nivel de vida decente, medido por el Producto Interno Bruto per cápita. Como se desprende de este índice, la mayor igualdad de condiciones y resultados debe obtenerse, ante todo, en materia de salud, de educación y de ingresos; dimensiones que en Argentina -y, desde luego, en muchos otros lugares- presentan históricamente un alto grado de asociación. Por lo tanto, para continuar encaminando al país hacia una distribución más socialmente justa, como viene sucediendo hace ya casi una década, es necesario sostener las políticas sociales que tienden a redistribuir los ingresos. Y la manera más eficiente de financiar eso que se mal denomina “gasto público” -que no es, sino, inversión- es a través de los impuestos. En un libro que reproduce conversaciones entre Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella, publicado en abril de 2003 -un mes antes de asumir la presidencia-, hay una frase del expresidente en la que afirma: “Es un tema central (la reforma fiscal). Si queremos vivir en un país en serio, es indispensable cambiar el actual sistema impositivo regresivo por otro progresivo, donde paguen los que más ganan.” Desde el golpe de Estado que derrocó al General Juan Domingo Perón en 1955 hasta ahora, la estructura tributaria argentina ha avanzado muy poco en materia de reformas tendientes a mejorar la distribución del ingreso. Por el contrario, gran parte de las medidas adoptadas tuvieron efectos regresivos, esto es, impuestos que generan desigualdad. Pero, ese carácter regresivo no pudo afirmarse hasta luego del último golpe de Estado (1976-1983). Hasta 1975 sobrevivía gran parte de la matriz productiva del peronismo, y existía una diferencia de solo 8 veces entre el 10 por ciento que más ganaba con el 10 por ciento que menos. La experiencia peronista, explica el economista tributarista del grupo Fénix, Jorge Gaggero, resultó exitosa en materia impositiva. En gran medida porque fortaleció la progresividad del impuesto sobre la renta, además de crear el impuesto a las ganancias del capital -conocido hoy como ganancias eventuales-. El giro político permitió que la presión tributaria consolidada -Nación más provincias- alcanzara niveles de avanzada en América latina: el 18 por ciento del Producto Bruto Interno entre los años ’de las décadas de 1940 y 1950. “El modelo de fuerte redistribución –explica Gaggero– logró sobrevivir durante casi dos décadas, cuando se inició el proceso de largo y gradual deterioro que se aceleró a partir de 1975”. Después sobrevinieron épocas de fuerte concentración del capital con el gobierno de facto, de dos hiperinflaciones -el “rodrigazo” en tiempos de Isabel Martínez y a finales del gobierno de Alfonsín-, de sucesivas emergencias económicas y de eficaces políticas del sector financiero y empresarial que destruyeron la progresividad del sistema impositivo nacional. El emblema de la regresividad de hoy en día es el famoso Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya alícuota general registra un nivel similar al que tiene en Francia o Suecia, pero que, a diferencia de esos países, no diferencia entre consumos básicos y suntuarios. Su contracara: un débil impuesto a las ganancias que recae en gran medida sobre las empresas y, en forma muy limitada, sobre las personas físicas. Esto es un factor de determinante negatividad para el bolsillo de los argentinos ya que, dado el alto grado de concentración económica que existe en el país (como dijimos, luego de 1975), abundan las ramas dominadas por muy pocas empresas, que actúan como formadoras de precios. De resultas de ello, toda vez que pueden les trasladan el tributo a sus compradores a través del precio que les fijan a los bienes y servicios que proveen. Esto es, que lo terminan pagando los consumidores finales. Ejemplo: de las 69 empresas relevadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) -y según números de principios de 2011- 6 manejan el 85 por ciento de las ventas del sector, y las primeras tres, el 70 por ciento. Estas compañías conforman lo que se llama un monopsonio. Funcionan como un oligopolio, pero en este caso, de compras. El sector está liderado por la multinacional francesa Carrefour, que participa con el 29 por ciento del mercado. Además de locales propios explota las tiendas de descuento Día y absorbió a la cadena Norte. Le sigue el grupo de origen chileno Cencosud, con el 21 por ciento de participación, y que opera la cadena Jumbo y en 2005 pagó 260 millones de dólares a la holandesa Ahold por la cadena Disco y su controlada Plaza Vea. El tercer puesto, con una participación del 20 por ciento, lo ocupa la cadena Coto, de capitales argentinos; seguido por la francesa Casino, con el 7 por ciento del mercado; y la cadena local La Anónima, con otro 7 por ciento. Finalmente, la estadounidense Wal-Mart está en sexto lugar, con un 5 por ciento del mercado. Cualquier empresa que quiera tener una fuerte presencia en el mercado debe caer inevitablemente en ellas. Por eso son formadoras de precios y están siendo corresponsables del actual proceso de remarcaciones. Cualquier modificación que hagan sobre los precios de los productos para mantener los niveles de rentabilidad ante los intentos del Estado de redistribuir riquezas; impactarán sobre el consumidor final, o sea, el bolsillo del vecino del 4to B. En lo que hace al volumen global de los aportes por ganancias (sociedades y personas físicas) medido como porcentaje del PBI, la media de los países avanzados es casi tres veces superior a la nuestra, aunque esta haya aumentado en los últimos años al 5,5 por ciento. Es decir, la propia composición del tributo restringe considerablemente sus alcances progresivos. No por el concepto de pagar ganancias en sí, sino por dónde se termina focalizando el golpe. A lo cual se suma el gravísimo problema de la evasión, que se estima en mucho más del 50 por ciento. Si se le añade la elusión fiscal, concluimos que una parte sustancial de este impuesto simplemente no se recauda. "La Cerealera Bunge (& Born) habría evadido impuestos a las Ganancias por $ 1.200 millones. Increíble, cuanto más ganan más evaden", destacó, con justa indignación, la presidenta de la nación, Cristina Fernández, en un Twitter del 1 de mayo de este año. El progresivo desmontaje del Estado de Bienestar, llevado a cabo primero por la “revolución” golpista de 1955, profundizada por la última dictadura y consolidada en los años de 1990 por el menemismo, impactó también en los organismos fiscalizadores, que fueron sometidos a una fuerte deslegitimación, cuando no a un copamiento por parte de grupos económicos y políticos. Una vez que desde el Estado empezaron a emerger y consolidarse los aspectos necesarios para lograr una mayor igualdad entre los habitantes del suelo argentino, como son la inversión en educación, salud y trabajo; la intervención estatal en la economía; y, en menor medida -pero también el logro más costoso que una nación históricamente dependiente puede aspirar- controlar los nodos estratégicos para el desarrollo de las fuerzas productivas; es necesario darle contorno a la estructura tributaria que dicho modelo necesita para profundizarse. Los teóricos del Grupo Fénix, entre ellos el ya citado José Nun, formularon una advertencia que afirma que en la medida en que la inversión social y los impuestos inciden sobre el crecimiento económico y la desigualdad; lo que se necesita urgentemente es una modificación en la estructura, y no en los niveles. Es decir, en momentos de urgencias y decisiones rápidas -como en 2003- era oportuno optar por medidas transitorias para obtener recursos del sistema fiscal. Pero en tiempos donde es necesario que el sistema tributario deje de golpear más fuerte sobre el 20 por ciento más pobre que sobre el 10 por ciento más rico; es menester tender al abandono de medidas o modificaciones de gravámenes para generar, en cambio, una transformación estructural. El impuesto a las ganancias, que si bien es una medida progresiva en sí, puede generar efectos negativos si no se aplica de manera adecuada. Las sociedades comerciales lo pueden sortear con el aumento de precios, lo que genera la inflación de la cual reniegan -y con razón- sectores de la población medios y bajos. Inflación es puja distributiva, ni más ni menos, y no es casualidad que siempre asome en tiempos de gobiernos nacionales-populares. Alcanzar una mayor igualdad y justicia social, sustentable en el tiempo, exige llevar a la práctica con urgencia una profunda reforma impositiva. Es nada más y nada menos que comenzar a institucionalizar la llamada “heterodoxia” económica que tanta ayudó al resurgimiento. La misma que despachó hace una semana al Boden y al Corralito. Para seguir de festejo, acariciarnos el lomo, y profundizar.

El estado asesino

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Un cuento de Cabrera Infante

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El futuro del Kirchnerismo

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Futuro del kirchnerismo

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Un micrófono para satisfacer las ansias de se rescuchados

http://www.lacorameco.com.ar/nov-detalle.php?nov=851

Crisis mudial, desempleo

alidad.rt.com/economia/sectores/issue_35255.html

Crisis económica mundial, desempleo

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Panorama Internacional y sobre Las Malvinas.

http://www.dossiergeopolitico.com/2012/04/entrevista-para-disenso-revista-hispanoamericana-de-metapolitica-filosofia-geopolitica-e-ideas-disidentes.html

Repsol: “España retrocedió cuando se dio cuenta que nadie el mundo los siguió”

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APARTARON AL JUEZ RAFECAS

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España frente a la crisis europea.

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Crisis en Europa.

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Katiuska Blanco, biógrafa de Fidel en entrevista con Página 12

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Los argentinos no decidimos la guerra en Las Malvinas

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Fallecimiento de Eduardo Luis Duhalde

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Reclamo por Malvinas en todos los discursos presidenciales de Néstor y Cristina

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24 de marzo de 1976. El día en que los argentinos, todos, involuntariamente o no, descendimos a los infiernos

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Llegó la justicia. Pero no la justicia divina, llegó la justicia human, la justicia delos hombres.

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17 "intelectuales"

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El kirchnerismo y la cultura popular.

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Un modelo de exportación.

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JAMES PETRAS / Imperialismo y democracia: ¿Casa Blanca o Plaza de la Libertad?

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"España, como país, es comparable con el sur de Italia"

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Populismo

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Malvinas segun Pereyra Mele

Policía griega pide la detención de los dirigentes del FMI y Comisión europea

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Reunión extraordinaria de ALBA en Cuba si la isla NO es invitada a próxima Cumbre de las Américas

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ALBA podría estudiar sanciones al Reino Unido por ocupación ilegal de Islas Malvinas

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Forster y el Kirchnerismo

La historia, el kirchnerismo y sus interpretaciones Por: Ricardo Forster La realidad histórica, se sabe, es objeto de permanentes y desencontradas interpretaciones. Litigios interminables han recorrido, y lo seguirán haciendo, la travesía de nuestro país exacerbándose, esos conflictos, en las épocas en las que la problemática del pasado escapa de los límites de la vida académica para estallar, con toda su virulencia, en el seno de un presente atravesado por nuevos desafíos que impiden, precisamente, que el relato de la historia, aquello que tiene que ver con las marcas decisorias y con las opacidades del comienzo (que se vuelve “origen” cuando adviene un relato legitimador poderosamente establecido en la escena nacional), se refugie en la calma del gabinete de trabajo del historiador. Señalar las diferencias y las rupturas, hacer eje en las continuidades o en las discontinuidades, establecer ciertas genealogías en detrimento de otras, priorizar tal acontecimiento para resaltar el peso específico de tal o cual decisión, imprimirle a la voluntad de un dirigente un sesgo excepcional o reducirlo a una suerte de equivalencia que lo vuelve intercambiable con otros personajes de su tiempo son, como el lector comprenderá, algunos de los ejes de estos debates interminables que han jalonado la historia argentina (y universal, para utilizar un viejo concepto hegeliano ya en desuso). Cuando esos debates se circunscriben a un período demasiado cercano al presente, la dilucidación de su “verdad histórica” constituye un complejo y grave acontecimiento político que, poco y nada, tiene que ver con el concepto de “objetividad” y, mucho menos, con el de “neutralidad”. La potencia de lo acontecido, su materialidad que es algo más que lenguaje aunque siempre lo siga siendo cuando se vuelve objeto de interpretación, no proviene, como si fuese un maestro de la prestidigitación o un soñador de ficciones, de la imaginación del historiador pero, y de eso también se trata, su manera de citarlo, su subjetividad interpretativa y los condicionamientos de su propia realidad, se ponen en juego alterando lo que ya ha sido irremediablemente colocado en el interior de la disputa por el relato. Pero así como no hay hermenéutica virtuosamente objetiva tampoco existe algo así como una realidad cristalina ni mucho menos procesos históricos en estado de pureza y alejados del barro de la vida. Se ha discutido, y se lo seguirá haciendo con intensidad y apasionamiento, alrededor del núcleo de inflexión o el punto de origen de este momento clave de la vida nacional que, a grandes rasgos, lleva la impronta del kirchnerismo, entendiendo que la precisión conceptual política, que es también ideológica, respecto al momento del giro histórico y a los valores puestos en juego por tal o cual proyecto constituyen ingredientes sin los que resulta muy difícil, por no decir imposible, darle una fisonomía precisa a lo que, en nuestro caso, viene aconteciendo en el país. Ciertos debates que podrían resultar ociosos –en especial para aquellos que prefieren la lógica pragmática de los gerenciamientos administrativos “neutrales” a la revisión teórico-ideológica de lo previamente establecido o para quienes se congratulan de no “quedar fijados en el pasado” porque su preocupación es el futuro– constituyen, desde otra mirada, la clave para dirimir el momento preciso en el que la Argentina inició el abandono de la hegemonía neoliberal para aventurarse por otra territorialidad radicalmente distinta a la que predominó bajo los auspicios imperiales del FMI, el Banco Mundial, el consenso de Washington y los grupos económico concentrados de prosapia autóctona pero absolutamente entramados con los intereses transnacionales. Volviendo a citar, apenas a la pasada, a Hegel, siempre es bueno recordar que “todas las vacas son pardas en la noche”, en especial cuando lo que se busca es oscurecer la significación de un cierto pasado que nos ha marcado a fuego. No resulta para nada equivalente, aunque haya quienes se afanan por hacerlo, retroceder en el tiempo al momento duhaldista –aliado estratégico de algunos de esos grupos concentrados que estaban sustancialmente necesitados de la devaluación y de la salida de la convertibilidad– que destacar la condición de ruptura imprevista que Néstor Kirchner le dio, desde el mismo inicio, a su gobierno enhebrando, como antes no se lo había hecho, política de derechos humanos y reconstrucción económico-social de un país devastado en ambos sentidos. Y esto no implica dejar de lado el carácter muchas veces embarrado de la realidad y de sus indescifrables ondulaciones que fuerza, a quien asume el timón en un tiempo de tempestades, a la búsqueda de acuerdos incluso con quienes luego se convertirán en sus más enconados adversarios (en todo caso, sólo la perspectiva que da la evolución de los acontecimientos y la evidencia del hacia dónde son las que marcan si un proyecto político es más de lo mismo o es el punto de partida de una genuina inflexión histórica. En esto radica una de las querellas centrales respecto a la caracterización que se hace del kirchnerismo). Tampoco resulta indiferente, siguiendo este análisis, la caracterización que se haga del fin de la Alianza y de la crisis del 2001. En otra de estas columnas me he detenido en el análisis de ese momento parteaguas de la historia argentina contemporánea. Para algunos (en un arco que va desde el periodista Carlos Pagni, dedicado últimamente a psicoanalizar lo que él llama la “izquierda kirchnerista”, pasando por connotados dirigentes empresariales y que incluso abarca a compañeros de viaje del gobierno y a la mayor parte del arco político opositor) hay que otorgarle los méritos decisivos al duhaldismo y a su “intervención heroica” en momentos en que el país se incendiaba, hasta el punto de que sin “la devaluación y el colchón cambiario” todo lo que vino después (léase el gobierno de Néstor Kirchner) hubiera sido inimaginable, una suerte de quimera imposible ya que no hubieran estado dadas las condiciones macroeconómicas, facilitadas por la devaluación asimétrica y el aumento exponencial de los commodities –léase de la soja–, sin las que nada se hubiera podido hacer. A eso lo han llamado, con poca originalidad, “el viento de cola”. En otra época en la que cristalizaron algunos de los prejuicios más inconmovibles de la vida argentina se redujo la experiencia distribucionista y el afán industrializador y bienestarista del primer peronismo a que “el Banco Central estaba lleno de lingotes de oro”. Cuando ya no quedó ninguno de los lingotes que colmaban hasta los pasillos de la entidad bancaria todo se deshizo como un castillo de arena. Néstor Kirchner, discípulo aventajado de Duhalde, no hizo otra cosa, de acuerdo a estos intérpretes –que van de la derecha a la izquierda del arco político-ideológico– que continuar por la misma senda fijada por los grandes grupos económicos y aprovechando, con audacia y cinismo, ese “viento de cola” que posibilitó el “milagro” del crecimiento a tasas chinas durante los últimos 8 años. Claro que sin Duhalde y sus mentores nada de todo esto siquiera hubiese sido realizable. La operación es clara y supone invalidar o al menos limitar el reconocimiento de lo específico de un proyecto político que vino a modificar las relaciones de poder en el país como no se hacía desde mediados de los años cuarenta cuando algo nuevo rompió la estructura de la dominación modificando de cuajo el devenir de la historia nacional. El kirchnerismo, y esto más allá de su alocada e imprevista irrupción en la escena argentina, hizo girar radicalmente el orden de los factores hasta enfrentarse decididamente al contenido ideológico (un desarrollismo de derecha y para nada cuestionador del orden económico mundial) del que fue portador el duhaldismo y quienes, todavía hoy, se muestran como sus acérrimos defensores. Una alquimia de voluntad, convicción, memoria, fidelidad, invención política, oportunidad y azar y la propia densidad de los acontecimientos fueron, entre otros, los componentes de una historia que se fue encontrando a sí misma en el discurrir laberíntico de una época que permitió reescribir, hacia atrás y hacia adelante, el relato, siempre complejo, de nuestras vicisitudes nacionales y latinoamericanas. El kirchnerismo fue el nombre de esa nueva y vieja escritura que, por eso mismo, no es reducible ni asimilable, como mera continuidad sin conmociones ni descubrimientos, al peronismo. Ni constituye, tampoco y como algunos sostienen, un relato monolingüe y univalente de la actualidad ni de su origen. La lengua de lo que lleva el nombre de kirchnerismo se ha constituido en la diversidad y la confluencia de voces, experiencias, resistencias, tradiciones y escrituras de ese largo itinerario de la subalternidad que hoy vuelve, con sus idas y contramarchas, a disputar poder y relato en un país que ya parecía olvidado de que eso era posible. Estas interpretaciones –que tienen sus matices– apuntan a cuestionar lo que algunos llaman “el relato mítico” a través del cual el kirchnerismo acabó fundando su radical novedad en la historia argentina (un relato, eso dicen, que busca, intencionada y astutamente, invisibilizar el proceso complejo y decisivo que va del estallido de diciembre de 2001 a la llegada de Kirchner al gobierno). Para la derecha liberal-conservadora resulta importante restarle méritos a un proyecto que ha generado una inflexión aguda en el derrotero de la vida político-económica sacando al país, por primera vez en décadas, de la hegemonía del liberal-capitalismo financiero que impuso sus durísimas condiciones, casi sin adversarios de fuste, desde el año ’76 en adelante. Pero, de igual modo, para un cierto sector gran-industrial, unido a intereses financieros y mediáticos, es importante encubrir el peso específico de la recuperación de la política (lo propio de la impronta del kirchnerismo) destacando, como clave de bóveda de todo el ciclo histórico, la matriz económica forjada por Duhalde y Lavagna de la que lo que vino después no habría sido sino una continuación encubierta e ideologizada. De ahí el persistente retorno de la idea de “consenso” versus la lógica confrontativa que dominó la vida nacional al menos desde la contienda con la Mesa de Enlace. Para estos sectores el tiempo excepcional del kirchnerismo hace rato que ya se cumplió. El economista Guillermo Wierzba señala, con agudeza, que detrás de esa interpretación, para nada ingenua, está, una vez más, la “amenaza del retorno de los agentes de los grupos económicos locales al poder político, destituyendo la autonomía de la política respecto al poder económico”. Existe una notable diferencia entre datar el inicio de un nuevo ciclo en el 2001 o hacerlo en el 2003 sin desconocer, si la segunda fuera la opción elegida, los elementos transicionales que se dieron a lo largo de esos turbulentos años. De igual modo nunca da lo mismo quiénes han sido los ganadores y quiénes los perdedores de un determinado momento histórico. “El consenso que las nuevas derechas buscan imponer republicanamente –escribió con notable perspicacia histórica Nicolás Casullo– expulsa cualquier otra historia o sujeto político otro, con respecto a una única lógica democrática, lógica que hoy se ofrece como reaseguro de un mundo sitiado por demasiados ‘extranjeros’ o deportados de ese propio mundo de ‘calidad institucional’ guardada en un country. El modelo de la república liberal tardomoderna permite entonces excluir, ilegitimar, destituir (odiar sin culpa, odiar con o sin conciencia, desde una ‘neoinocencia’ política) lo que debería ser admitido en cambio como un enfrentamiento de intereses nacionales y de clases en un escenario histórico de permanentes litigios sociales”. ¿Alguien tiene alguna duda de que Casullo está hablando de Argentina y de lo que suscitó, como portador de escándalo, el kirchnerismo? Siguiendo esta argumentación están aquellos que destacan la dimensión rupturista de lo inaugurado en mayo de 2003; una dimensión que hizo pie, fundamentalmente, en la reconstrucción de la política como herramienta indispensable a la hora de revisar con potencia decisoria la matriz ideológica predominante en la vida argentina al menos desde la dictadura en adelante. El kirchnerismo es concebido, desde esta perspectiva, no como un garante, en épocas de crisis y turbulencias, de la estabilidad institucional y, finalmente, de la perpetuación del poder de los grandes grupos económicos (incluso de aquellos que hoy se colocan en el andarivel neodesarrollista), sino como el punto de giro, y esto pensado en términos de ruptura, de una nueva realidad política, económica, social y cultural. Lejos de cualquier argumento basado en el recurso a la “impostura” (que suele ser utilizado a mansalva y sin mediaciones ni matices por los críticos “por izquierda”), lo que se plantea es la originalidad del kirchnerismo como portador de una nueva etapa de la vida argentina en la que la construcción de un relato fundador constituye una parte no menor de su despliegue y de su propia legitimidad. Un relato que no es el resultado, avieso y astuto, de la capacidad mitologizante de Néstor y Cristina Kirchner, sino la puesta en lenguaje de una decisiva transformación de la realidad histórica que, entre otras cosas, vino a refundar la centralidad de la política y a explicitar, en términos materiales y discursivos, la contundencia de lo ideológico como centro indisimulable de lo que se disputa en nuestro país. Por primera vez después de muchísimo tiempo (tal vez algo se intentó en los primeros años de la transición democrática) se volvió a estar en condiciones de dar una batalla no meramente retórica al poder dominante de esta época del mundo que, como bien dijera Cristina en el encuentro del G-20, sigue hegemonizada por el anarco-capitalismo financiero. El kirchnerismo, y esto más allá o más acá de la densidad y de los límites de la propia realidad y aceptando el enlodamiento de lo que se juega en la historia, se ha constituido como lo anómalo de esta actualidad argentina.

Guatemala: empieza proceso judicial por genocidio en contra del dictador fascista Ríos Montt

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Elecciones en EE UU

Petras: “Si los ultraderechistas ganan nominación republicana, Obama aseguraría su reelección” Publicado el 1/06/12 • en el tema ESTADOS UNIDOS,James PETRAS • Visitas 262 , 74 en este día • Imprime este Artículo Compartir La Radio del Sur – “El espectro político entre los republicanos es muy extremista, si los ultraderechistas ganan la nominación entre los republicanos, Obama tendría asegurada su reelección”, afirmó el analista estadounidense James Petras. En entrevista para La Radio del Sur, el analista estadounidense James Petras colocó en contexto el proceso electoral que se inicia en su país y afirmó que entre los seis principales candidatos republicanos, cuatro son de la ultraderecha neofascista, uno es derechista moderado (Romney) y otro candidato con una posición más progresista en cuánto a política exterior que es Ron Paul. El proceso de primarias para escoger los candidatos de los partidos se inició en Iowa, con la apertura del proceso electoral del Partido Republicano. Con respecto a ese primer proceso, Petras señala que los resultados reflejan la alta polarización de los votantes republicanos entre derechistas moderados y ultraderechistas. En este caso, los candidatos moderados obtuvieron 46% de los votos, mientras los neofascistas lograron 54%. Romney, ubicado entre los moderados obtuvo apenas una leve victoria frente al extremista Santorum. En tercer lugar quedó Ron Paul, quien posee una posición de política exterior antiguerrerista, pero propone recortes drásticos al gasto social a lo interno. Ley de Autorización de Defensa Sobre la Ley de Autorización de Defensa aprobada por Barack Obama el 31 de diciembre, Petras señala que esta es la continuación de un proceso de cercenamiento de libertades iniciado por George W. Bush a partir de la Ley Patriota. La nueva ley justifica y legaliza la detención indefinida y sin proceso judicial de cualquier ciudadano estadounidense, bajo el argumento de considerarlo sospechoso de terrorismo, denuncia Petras y eso puede ser aplicado a cualquiera que participe en una manifestación.”Es algo supergrave para los que amamos la libertad”, finalizó el analista. Situación en Ormuz “No debemos dejar de pensar que pueden inventar algún pretexto, como algún incidente fabricado entre naves militares para detonar una guerra”, señaló Petras para advertir sobre los peligros del inicio de ataques estadounidenses contra Irán. Durante los últimos días Estados Unidos ha provocado nuevas situaciones de tensión en el Golfo Pérsico al colocar portaaviones cerca de zonas marinas donde Irán estaba desarrollando ejercicios militares. Petras advierte que la clase dominante estadounidense podría lanzar un ataque irracional para distraer al pueblo estadounidense de los problemas que lo agobien. Deja un comentario

MALVINAS 2

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