miércoles, 10 de abril de 2013

Democratización de la justicia. Reacciones

Lorenzetti dice que hay que acercar la justicia "a la gente". La gente con sentido común y discurso único fabricado por los medios corporativos. O sea, cambiar algo para que nada cambie.

EL PAIS › LORENZETTI DIO POR HECHO QUE EL MAXIMO TRIBUNAL DEBERA OPINAR SOBRE LOS PROYECTOS DEL EJECUTIVO

Pronóstico de intervención de la Corte

El presidente del tribunal estimó que será cuestionada la constitucionalidad de la reforma judicial. Avisó que llegado ese momento actuará con “independencia” y en “beneficio del pueblo”. Remarcó que a los jueces les importan las “personas” comunes.
 Por Irina Hauser
El día después del anuncio de Cristina Kirchner de los proyectos de reforma judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio un pequeño discurso con la excusa de la presentación de un plan de capacitación para jueces. Como una de las cosas que dijo fue que ni él ni sus colegas del tribunal opinarían sobre las propuestas del Poder Ejecutivo para “democratizar” la Justicia, que –aclaró– debe “discutir el Congreso”, pareció que no decía nada. Sin embargo, sí dijo. Primero, dio casi por hecho que una vez que se aprueben, las leyes en cuestión se judicializarán y la Corte tendrá que opinar sobre su constitucionalidad. Luego agregó que lo que sea que decida el tribunal será con “independencia” y en “beneficio del pueblo”. Fue muy insistente con ese concepto, como quien quiere marcar una diferencia. Remarcó que a ellos, los jueces, lo que les importa son las “personas” comunes, “el que transita por la calle y quiere vivir en paz”. Esa idea quedaba, así, en contraposición con ciertos rasgos de las iniciativas del Gobierno, más políticas y técnicas, que desnudan batallas de poder con las corporaciones (de jueces y abogados) y cuyos beneficios quizá la gente de a pie los pueda apreciar en un más largo plazo.
Bajo el lema de una Justicia “legítima”, “ágil” y “para todos”, la Presidenta presentó el lunes seis proyectos que propician reformas de gran envergadura en el sistema judicial. El día de los anuncios, a Lorenzetti se lo vio sonriente, pero no del todo cómodo. No hubo otros jueces supremos en el evento. En el acto de ayer dijo que su presencia junto a la mandataria había sido “institucional” y que no iba a explayarse porque puede “haber litigios” donde tenga que fallar la Corte. “Quédense todos muy tranquilos que es decisión de la Corte Suprema cumplir con la responsabilidad” de “defender la Constitución cuando sea necesario, con equilibrio, independencia y con la honestidad intelectual que nos ha caracterizado hasta ahora”, afirmó.
Cuando se conocieron, ayer, los textos de las propuestas que ingresaron al Congreso, quedaron en evidencia aspectos que implicarían el recorte de potestades a la Corte, por ejemplo, en la administración del presupuesto judicial. Un proyecto habla de reformar toda disposición “que importe un detrimento de facultades de la administración del Poder Judicial en cabeza del Consejo de la Magistratura”. Durante los debates de febrero del movimiento “Justicia legítima”, hubo quienes señalaron que la Corte hacía un manejo discrecional y prebendario del presupuesto, planteo que evidentemente tuvo eco en la Casa Rosada.
Un juez del máximo tribunal le dijo a este diario que si bien ni él ni sus colegas harían explícita su posición sobre la reforma, lo harían las asociaciones de jueces. Lorenzetti ayer habló ante referentes de la tradicional Asociación de Magistrados y entidades afines, camaristas de todo el país, de Casación, jueces federales, consejeros de la Magistratura opositores al kirchnerismo y dirigentes del gremio judicial. También estaba la defensora Stella Maris Martínez, referente de “Justicia legítima”. Luis Cabral, titular de la Asociación de Magistrados, volvió a decir que la elección popular de los integrantes (jueces, abogados y académicos) del Consejo de la Magistratura, en elecciones a través de partidos políticos, le parece inconstitucional porque según la Carta Magna “los consejeros, jueces y abogados son representantes de los jueces y abogados de la matrícula, por lo tanto son ellos los únicos que pueden elegirlos”.
Ese será, seguramente, uno de los tantos debates constitucionales que la Corte tendrá. Pero Cabral señaló otra crítica compartida incluso por sus oponentes en la entidad que dirige, que se coló en un reunión de presidentes de Cámara con Lorenzetti: la modificación de la mayoría en el Consejo para la toma de decisiones clave, como elegir jueces y acusarlos. Lo que hasta ahora requiere de dos tercios, se haría con mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros del cuerpo). “Las mayorías especiales están en la ley para evitar que haya mayorías circunstanciales que puedan tomar decisiones institucionales graves”, advirtió.
Entre los jueces que pululaban ayer por la sala de audiencias de la Corte algunos se quejaban porque, si prosperan los proyectos del Ejecutivo, no podrán designar a secretarios de confianza, que deberán concursar. A la vez, casi nadie objetaba el ingreso a tribunales, por el escalafón más bajo, mediante examen, pero en la Corte creen que es una competencia propia. Circulaban dudas sobre la creación de las tres nuevas Cámaras de Casación. Están los que dicen que traerá más demoras. Y algunos jueces supremos descreen de que estén pensadas para descargarles trabajo sino para quitarle injerencia en algunas decisiones.
En el máximo tribunal se respira cierto malestar aunque haya respeto por las propuestas y el debate. Lorenzetti usa atajos para dejarlo entrever. Ayer señalaba que el Poder Judicial aspira a generar cambios y que empezó a diseñarlos en la primera Conferencia Nacional de Jueces, en 2006, el evento que él ideó para juntar cada año a la corporación judicial en pleno. El lema es “poner la Justicia cerca de la gente”. En esas reuniones anuales, “se definen políticas de Estado consensuadas” y que “no queden en declaraciones abstractas”. Pero el ámbito de las conferencias de jueces tiene muchos de los condimentos de la familia judicial tradicional y burocrática que cuestiona “Justicia legítima”.
El discurso de Lorenzetti de acercar la Justicia “a la gente”, a sus usuarios, se ubica en contraposición a otro supuestamente más complejo, técnico y detallista que proponen los proyectos del Poder Ejecutivo, con un concepto de participación ciudadana activa. El supremo parece advertir en esa complejidad una grieta, y su discurso se vuelve tan político como el de la Presidenta.
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Democratización de la justicia

http://noticias.terra.com.ar/politica/democratizacion-de-la-justicia-los-seis-puntos-principales,dc5f2c37efbed310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

domingo, 31 de marzo de 2013

Devaluar para cobrar en dólares blue


La agenda mediática de las últimas semanas se basó en estimular y convalidar la especulación cambiaria, a través de las constantes menciones al “dólar blue”. El periodista Fernando Bertello en su nota “Un doble impacto sobre el campo”, nos ilumina con los perjuicios que le implica al sector exportador no poder comerciar en los términos que dicta el mercado cambiario ilegal.
El primer “impacto” que parece “empujar” a los sectores del campo, al lock out, tiene que ver con el dólar paralelo, mediáticamente conocido como dólar “blue”. ¿En qué se basa este mercado cambiario paralelo? En primera instancia, cabe aclarar que la trascendencia que ha tomado a nivel mediático no se corresponde con el tamaño efectivo que posee, ya que los montos que maneja son de aproximadamente 15 millones contra un mercado oficial de 200 millones diarios. El mercado paralelo se rige por la ley de “oferta y demanda” de un grupo reducido de operadores, que impacta, a través de la resonancia mediática en las expectativas de una parte de la población. En otras palabras, lo que implica este libre “juego” -que tantos economistas y políticos defienden a ultranza- es que cualquier hecho que pueda impactar sobre la opinión de los que acuden a este mercado, se vea reflejado automáticamente en los precios con los que opera. Un ejemplo de esto, son las declaraciones de empleados del Banco Piano ante los rumores de una supuesta demanda de Guillermo Moreno de llevar la cotización de “las cuevas” a seis pesos: “Lo único que logra es bloquear las operaciones. Nadie va a desprenderse de los billetes a ese precio sabiendo que la gente esta dispuesta a pagar casi $ 9 por el mismo”. Esto demuestra que un mercado desregulado es el caldo de cultivo de la especulación.
Un mercado ilegal como es el del dólar paralelo no funciona en términos económicos como punto de presión para el gobierno, es decir, no representa una referencia real de lo que “debería” valer efectivamente el tipo de cambio. Esto resulta necesario aclararlo, puesto que desde muchos medios suelen vertirse opinones en torno a un quimérico “sinceramiento” del precio del dólar oficial en relación al ilegal. Por este motivo, las expectativas de devaluación que acompañan a la psicosis del dólar blue, no tienen una base real en términos económicos, sino que son motivadas por las especulaciones de aumentar las ganancias a costa de una tasa de cambio excesivamente alta, las posibles “diferencias” que se hagan en base a esas operaciones de suba y baja repentina, y finalmente, como herramienta de presión para una devaluación del tipo de cambio oficial.
El segundo “impacto” que recibiría el campo sería que, para el autor,  “los insumos del sector entrarían en zona de aumentos”. Y para afirmarlo recurre nuevamente al componente especulativo. Mientras las actividades de importación de insumos se mantengan en el circuito oficial, con las regulaciones existentes y con un precio dólar sostenido y garantizado por el conjunto de la economía, no deberían percibir encarecimientos. Sin embargo, la afirmación hace referencia a las actividades que manteniéndose fuera de la legislación vigente, el llamado “contrabando de importaciones”, operan con el precio fijado por el dólar paralelo. Recurriendo a este mercado, el precio efectivamente sería mayor y esto se terminaría trasladando a otros precios, perjudicando a la economía en su conjunto.
Habiendo desarticulado el “doble impacto” al que refiere la nota, pasemos a lo que respecta específicamente a las medidas que el campo desea implementar. La nota de la Nación cita las declaraciones de Guillermo Villagra, consultor de Openagro: “Los productores evitarán vender granos a menos que sea necesario. Todos prefieren tener granos que pesos. Es más, no sería raro que cuando se liquide la cosecha nueva se vuelquen al dólar, incluso pagándolo a precio blue, lo cual hará que siga subiendo aún más”.
Los precios de la soja en el plano internacional han aumentado en los últimos años, en el 2012 la cotización del poroto de soja, en promedio, pasó de u$s 484,24 en el 2011 a u$s 539,23 en el 2012 por tonelada. Pero la liquidación de divisas se contabilizó en un total de u$s 25.133 millones  y u$s 23.069 millones respectivamente. Incluso está registrado que el 2012 cerró con producción remanente, almacenada en silobolsas. ¿Cuál es la motivación a frenar la comercialización en un contexto de suba del precio de la soja? Las intenciones de aumentar las ganancia especulando con el mercado paralelo y con la diferencia que obtendrían si, finalmente, el gobierno cediera a las presiones y devaluara la moneda nacional. Cabe preguntarse además, qué sectores pueden darse el lujo de dejar de producir y de comerciar sin verse perjudicados.
Si bien, el impacto en el mercado interno no sería el de desabastecimiento -ya que el saldo exportable de la soja es del 95%- desde que existe el Fondo Federal Solidario (FFS) un 30% de los derechos de exportación (soja y derivados) son transferidos a las provincias y municipios para la realización de obras públicas (mejoras de escuelas, hospitales, pavimentación, etc). En 2011 el FFS fue de $6.972,57 millones y en 2012 $7.388,06 millones. En consecuencia, si se frena la comercialización, el desabastecimiento se percibirá en materia de inversión pública, que las provincias y municipios requieren para mejorar las condiciones de vida de la población.
Todo este despliegue mediático al que se suman los referentes rurales y algunos exponentes marginales de la oposición política, intenta lograr consenso social y de esta manera presionar al gobierno para que intervenga y termine por “convalidar” el precio del dólar paralelo.
Lo peligroso de esta tendencia, es que el paso siguiente es la emergencia de respetables economistas que -sobre el consenso de que el “tema cambiario” está fuera de control- aconsejan disminuir el precio del dólar a través de la venta de reservas, lo que pondría nuevamente en agenda la aparentemente “inevitable” necesidad de devaluar.
Nota original:
http://www.lanacion.com.ar/1565439-un-doble-impacto-sobre-el-campo

Dólar ilegal, Dólar blue

El eufemismo del dólar paralelo y el supuesto “potencial” de injerencia en la política cambiaria.
Los logros sociales, económicos y de empleo notorios que logró el modelo económico con inclusión social ponen a consideración el análisis de Javier Blanco, particularmente en un punto clave cuestionado por su análisis: la correlación entre tipo de cambio y retenciones a las exportaciones.
¿Por qué toma trascendencia el análisis de la correlación entre dos variables como tipo de cambio y restricciones? Vayamos a dos escenarios disímiles en el proceso histórico argentino para entender el uso (y abuso) de este tipo de relaciones.
Durante décadas de gobiernos dictatoriales y democráticos con un proyecto político-económico neoliberal (1976-2003) -en connivencia con sectores financieros locales e internacionales y medios de comunicación- el marco de análisis del “dólar paralelo (blue)” y el de las  “restricciones al acceso a los dólares” fue una constante, funcional a la lógica de los grandes movimientos evasores y de fuga de divisas de las corporaciones y la banca mundial. Operaron (e intentan seguir haciéndolo) a través de argumentos que postulan de manera abstracta las bondades del libre-mercado y del Estado ausente (siempre visto como distorsión), estimulando que el tipo de desarrollo de la economía nacional sea beneficioso para los sectores rentísticos en detrimento de los productivos. El tipo de enfoque abusa siempre de los mismos elementos: abogan por la ausencia de restricciones e instalan en la opinión pública un eufemismo como lo es el de “dólar paralelo”, para no llamarlo por su nombre real: dólar ilegal o marginal.
Durante todo ese periodo, esta correlación de “a más restricciones, mayor cotización del dólar paralelo”, alimentó las expectativas devaluacionistas de una parte de la población, pero mientras tanto sirvió de pantalla para instalar en el debate público la “necesidad” de una economía sin restricciones (“abierta”) donde los dólares disponibles, en vez de ser destinados a sostener la expansión de la industria, el consumo y el crecimiento económico del país, deberían sostener movimientos especulativos y estrategias de acumulación de corporaciones financieras ajenas y contrarias al interés nacional.
El escenario cambia de forma rotunda en 2003; es a partir de este momento cuando se comprende la relevancia de la correlación de fuerzas entre las variables: tipo de cambio y “retenciones”; no las “restricciones” al mercado libre de la prensa, sino la respuesta al problema estructural e histórico de la economía argentina: la “restricción externa”, o carencia estructural de divisas, situación propia de cualquier economía que no imprime los dólares necesarios para importar insumos industriales.
Su importancia de ahí en más para ponderar el dólar (oficial), como activo estratégico con un tipo de cambio administrado en función de las retenciones a las exportaciones, posibilita regular la rentabilidad agraria y petrolera, la formación de precios y el sostenimiento de los otros ejes del modelo: el consumo y el mercado interno.
Del fetiche neoliberal a la reforma del BCRA
Como señala el autor del artículo, en el transcurso de los últimos años, el stock de reservas internacionales se mantuvo relativamente constante y la cantidad de pesos en circulación aumentó. Son hechos. No obstante, la interpretación que se teje desde la nota mencionada es absolutamente errónea. Lejos de significar un deterioro para el balance del BCRA y el conjunto de la economía, es un claro reflejo de la solidez de la administración actual, y esto es fácilmente demostrable a partir de los datos.
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Fuente: Banco Central
El nivel de reservas actual es alto: más de 40.000 millones de dólares, más del triple que las heredadas en la primera gestión del gobierno nacional (cerca de 10.000 millones de dólares aproximadamente en marzo del 2003). Esto, sostenido en contextos de corridas cambiarias; sequías; crisis económica internacional y pagos de deuda externa. Puntualmente sobre este último tema, la reducción de la deuda forma parte de una política de desendeudamiento que implicó, entre otras cosas, la cancelación total de las obligaciones con el FMI.
Antes de  continuar con el análisis de la cantidad de dólares de los que dispone el BCRA, detengámonos un momento en esta última política de desendeudamiento externo. No es un dato menor, y extrañamente el autor de la nota no lo menciona, pero como se puede observar en el gráfico, la estrategia de reducción del monto de la deuda utilizando reservas de libre disponibilidad del BCRA permitió una mejora significativa en las condiciones financieras del país, es decir, más soberanía económica. El dato que omite el autor es que durante 2012, la Argentina tuvo distintos vencimientos: por un lado US$ 2.197 millones de dólares del Boden 2012 y por otro US$ 3.520 millones del cupón PBI. A pesar ello, las reservas se mantuvieron por encima de los 40 mil millones de dólares, un nivel históricamente elevado, cercano al 10% del PBI.
Volviendo al análisis dólar-peso ¿Qué tiene que ver entonces la cantidad de dólares del BCRA con la cantidad de pesos en la economía? Poco y nada. Vincular el nivel de divisas (dólares) y circulante (pesos), es, fue y quizás será, un fetiche de la ortodoxia económica usado como excusa para argumentar a favor de recortar la participación del Estado en la economía y justificar políticas de ajuste. Por ello, el Gobierno Nacional propició la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central el año pasado, en reemplazo de la carta anterior, vigente desde los años 90’s. Su reformulación dotó a nuestra principal institución financiera de la capacidad de intervenir en beneficio del desarrollo económico nacional. Antes, el único objetivo era preservar el valor de la moneda; ahora, además, el BCRA tiene como pilares la estabilidad financiera, la defensa del empleo y el desarrollo económico con equidad social. Así, se dotó a nuestro banco de herramientas para contribuir a la solidez y el funcionamiento macro de nuestra economía, otorgándole mayor capacidad para reorientar el crédito a sectores productivos, alejando la anacrónica obligación de mantener una relación entre la base monetaria y la cantidad de reservas internacionales.
En síntesis, fijar la atención en un mercado ilegal y marginal (tanto en términos de volumen como de actividades económicas asociadas al mismo) sólo puede responder a intereses minoritarios que comparten un mismo objetivo: desestabilizar todo intento de fundar un proyecto nacional y popular. La soberanía ganada, en este caso en el plano económico, es un logro del camino iniciado en 2003 que ha permitido, entre otras cosas, que las reservas internacionales se encuentren hoy en un alto nivel, mientras que la cantidad de pesos evoluciona de acuerdo a los parámetros de una economía en crecimiento impulsada por los elevados niveles de consumo entre las clases medias populares, y con un Banco Central que recuperó el rol que nunca debió perder: ser un pilar más del Estado en la tarea de construir un economía sólida con inclusión social.

Nota original:
http://www.lanacion.com.ar/1565080-se-confirma-la-correlacion-a-mas-cepo-cambiario-dolar-mas-caro