jueves, 14 de marzo de 2013
lunes, 11 de marzo de 2013
La muerte de Chavez y el periodismo "independiente"
Me parece que la nota de Santiago O´Donell goza de extemporaneidad. Hubiese sido pertinente que la misma hubiera aparecido en los momentos cruciales de la enfermedad de Chavez y no ahora, después de su muerte, cuándo lo único que vale es llorar la pérdida (o festejar para muchos). Quizás no se animó en aquel momento por temor a las críticas por su posicionamiento contrario al líder, o quizá el tampoco estaba seguro de cuál iba a ser en definitiva el desenlace. Afirmar que al pueblo se le ocultó la verdad, es afirmar que el pueblo fué engañado, es decir por lo tanto que el pueblo venezolano es tonto. Lo que hizo el gobierno bolivariano fué actuar a conciencia con la gente que pedía un milagro, porque con la ida de su líder, se frustaban muchos sueños; por lo tanto, legitimamente, mantuvo la llama de la esperanza. Pero si la gente pedía un milagro es porque, a igual que todo el mundo, sabía que de esa enfermedad, es difícil volver. O´Donell califica al pueblo venezolano como fácil de manipular, y es por eso que creo que en las próximas elecciones, si es derrotado Capriles, nos brindará otra nota diciendo que el voto tendría que ser calificado. O´Donell se explaya criticando toda la gestión de Chavez, que presumo es el verdadero motivo de su artículo. Pero eso es repetable, es su opinión, aún cuándo deja entrever su posicionamiento proyanqui.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-215523-2013-03-10.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-215523-2013-03-10.html
domingo, 3 de marzo de 2013
martes, 26 de febrero de 2013
domingo, 24 de febrero de 2013
Scioli, Massa, De La Sota, Binner, Macri. Llegado el hipotético e indeseable caso, la patria grande sería mas que una utopía, la Unasur sería un sello, seríamos "visitados" por los marines de la 4ta. flota, cambiaríamos Venezuela, Ecuador y Bolivia por Chile, Colombia y Perú, la Ley de Medios se aplicaría totalmente en la Base Marambio, el Fútbol Para Todos seguiría plenamente vigente para todos los ricos, las universidades de todos, sería para todos los ricos, el Conicet sería una lavandería de platos, la AUH en vez de una ayuda, sería una identificación de negros de mierda, el aborto se pagaría exclusivamente en dólares, el Inadi pasaría a ser un centro de recepción de denuncias de avistamientos de peruanos, bolivianos, paraguayos, millones de jubilados dejarían de pertenecer al Anses para ser miembros de exclusivos clubes de trueques, los obreros del narcotráfico pelearían por paritarias, Importado o Nacional sería lo mismo que decir Civilización o Barbarie, se acabaría el litigio por Las Malvinas, se llamarían Falkland, tambien se dilucidaría el atentado a la Amia, D´elía sería el cabecilla, sería nacionalizado el uso de las pistolas Taser para barrer los malos espectáculos de la pobreza, Se quintuplicaría la sentencia por merodeo en barrios que superen la clase media, se desempolvaría la doctrina de Seguridad Nacional, las FF AA volverían a apuntar hacia adentro y la Esma... volvería a ser La Esma.
domingo, 13 de enero de 2013
Los dueños de la tierra
LOS DUEÑOS DE LA TIERRA Y LA IMPUNIDAD JUDICIAL
Por Ricardo Forster
En los últimos días del año pasado, cuando ya imaginábamos que la intensidad argentina nos iba a dar un respiro, el Gobierno Nacional tomó la decisión, más simbólica que económica, pero no por eso menos importante y reparadora, de anular la venta que la administración de Carlos Menem y a precio vil le había conferido a la Sociedad Rural la propiedad de varias hectáreas emblemáticas en Palermo en las que, desde 1875, se viene desarrollando la exposición agroganadera en la que el poder de los dueños de la tierra se ofrece al conjunto de la sociedad como el núcleo fundacional y decisivo de la vida nacional. Una antigua querella, central de nuestra historia, regresa con la decisión de Cristina Fernández de romper, otra vez, la trama de privilegios que las corporaciones siguen teniendo en el país. Ya conocemos la primera respuesta de la Justicia a través de la Cámara civil y comercial. Una vez más (y con el antecedente vergonzoso del último fallo de la Corte Suprema prolongando la cautelar del grupo Clarín) el Poder Judicial, estructurado también como corporación y atento a sus profundas e históricas relaciones con los grupos económicos principales, benefició a los que desde siempre han ejercido, con impunidad, su dominio. Pero, lo que me interesa discutir en esta columna no es esa cuestión –política y simbólicamente muy significativa, que con seguridad tendré oportunidad de retomar en las próximas semanas–, sino el verdadero fondo del poder de los grandes propietarios rurales que no es otro que el de la tierra y su absolutamente desigual distribución que ha marcado nuestra historia desde los tiempos fundacionales.
Cada época define, lo sepa o no, lo explicite o no, aquello que adquiere el estatus de la visibilidad y aquello otro que irá a parar a la región del olvido o de la exclusión. La historia de nuestro país es, también, la larga saga de lo negado y de lo que, bastando su sola mención, podía acarrear el desprecio o, mucho peor, la violencia y la condena de los poderes hegemónicos. Por eso el relato dominante de la historia logró, durante gran parte de nuestra travesía como nación, obturar cualquier referencia a la cuestión agraria que, como todos saben, es, quizás, el centro neurálgico de nuestra inicial, y también posterior, existencia política y económica. Pocos temas de nuestra existencia nacional han sido tan sistemáticamente negados como el de la concentración de la tierra. Los relatos que se ofrecieron como “fundacionales” de la Argentina pasaron por alto la política de despojos y la estrategia de acaparamiento que un pequeño grupo llevó adelante desde la segunda mitad del siglo XIX y que profundizó la generación del ’80. Ni los radicales, cuando todavía eran un partido de origen y raigambre popular bajo la égida de Yrigoyen, ni tampoco el propio peronismo pusieron realmente en discusión la propiedad concentrada de la mayor parte de las tierras. Algunas pocas políticas de colonización permitieron que en ciertas zonas se desarrollaran las pequeñas y medianas propiedades agrícolas, pero lo que dominó la estrategia de la clase terrateniente desde los albores de nuestra nacionalidad fue, en definitiva, la apropiación en pocas manos de la tierra. Allí está el “grito de Alcorta” para recordarnos la lucha de esos pequeños arrendatarios contra el abuso de los grandes propietarios. En la actualidad, otras formas más sofisticadas del capital-liberalismo vienen a desplazar, en parte, las formas tradicionales de concentración y, bajo la estructura anónima de los pool de siembra y de las “inversiones” especulativas que se disparan desde cualquier parte del mundo financiero, le van dando nueva fisonomía a la expulsión de miles de campesinos y a la tendencia prácticamente imparable hacia los monocultivos.
Más allá del anacronismo que hoy puede tener una denominación como “oligarquía” para definir a los grandes dueños de la tierra, e incluso salvando las distancias que en la actualidad separan al mundo de la producción agroganadera de la que existía en la Argentina del primer centenario en el que ejerció su dominio y su hegemonía ideológico-cultural una clase oligárquica, lo cierto es que tanto ayer como hoy lo que permanece invisible, lo que constituye un escándalo con sólo pronunciarlo, es el tema ausente por excelencia de nuestra historia: la cuestión de la concentración de la tierra (sea en manos de compatriotas como de extranjeros, sobre todo en las últimas décadas en las que crecieron exponencialmente las inversiones foráneas que buscan quedarse con cientos de miles de hectáreas en casi todo el país) y, como consecuencia de esto, el reclamo, siempre desoído, de su distribución más equitativa que ha llevado, a lo largo de los dos siglos de independencia, el nombre, siempre maldito para el poder, de reforma agraria. Tema tabú. Ausencia de la saga heroica de quienes lucharon para abrir la propiedad de la tierra y volverla un bien social. Represión, tachadura, olvido, silencio, expulsión, son un puñado de palabras que apenas si alcanzan a narrar la violencia material y simbólica que se ejerció sobre los campesinos que, con tozudez y heroicidad, nunca abandonaron su reclamo de derechos, su sed inagotable de vivir y producir en la tierra de sus ancestros, en el caso de los pueblos originarios, y de sus tatarabuelos en el caso de mestizos, criollos e inmigrantes que vinieron a poblar nuestro suelo. Diversas estrategias del saqueo y la apropiación fueron dibujando el mapa de la injusticia agraria. Reparar el daño que viene de tan lejos es una de las tareas pendientes de una democracia que nunca ha dejado de girar, en lo mejor de sí misma, en torno al litigio por la igualdad.
Tuve la oportunidad de participar en la ciudad de Corrientes, hace un tiempo, en una jornada de debate de lo que era, en ese momento, el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo de protección sobre el dominio nacional de tierras rurales. Organizada por la subsecretaría de producción familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación, la jornada, absolutamente notable, no sólo convocó a una gran concurrencia sino que de ella participaron tanto los técnicos de la subsecretaría como muchísimos representantes de las diversas comunidades campesinas de toda la provincia. Todos estaban allí: los agrónomos y los veterinarios, los trabajadores sociales y los economistas, los abogados y algunos políticos junto con hombres y mujeres que venían de lo profundo de una provincia en la que la concentración y la extranjerización de las tierras constituye el principal flagelo de la pequeña producción agraria y de la continuidad de la vida, de la cultura y de los proyectos de miles y miles de familias campesinas que, pese a estar allí, en su tierra, desde generaciones, hoy ven amenazada su continuidad y sus derechos por el avance sistemático y brutal de las topadoras que, en Corrientes, llevan no tanto o centralmente el rasgo de la soja sino de las arroceras y de las forestales que buscan, sin ningún reparo, expandir sus respectivas fronteras asfixiando y expulsando a los campesinos.
Discutir una ley de tierras constituye algo que, hasta no hace mucho tiempo, resultaba inimaginable. Si hay una cuestión invisibilizada en nuestro país esa es la cuestión de la tierra, de su tenencia y de su concentración. Cuando estalló el conflicto alrededor de la resolución 125 pudimos ser testigos de una colosal y, en ese momento, lograda estrategia de la corporación agromediática que buscó proyectar una imagen bucólica de lo que se denominó con insistencia “el campo”. Allí se logró, durante esos meses de arduo conflicto, borrar las marcas de la diversidad, de la injusticia, de la explotación, de la violencia, de la expulsión, de la concentración, de la feudalización y de la extranjerización que predominan en el paisaje agrario argentino ofrecido, al público urbano, como una suerte de comunidad ideal semejante a una gran familia Ingalls. Desmontar ese relato hegemónico (sustentado y multiplicado año tras año durante las semanas de la exposición rural que se lleva a cabo, desde el siglo XIX, en el Predio Ferial de Palermo, hoy centro de una nueva disputa entre el Gobierno Nacional y la Sociedad Rural) es una tarea ardua y difícil que supone, también, remontar un imaginario social en el que la vida campesina ha permanecido, por lo general, invisibilizada o transformada en una idílica historia de gringos trabajadores que con esfuerzo y sudor alcanzaron a tener lo que hoy tienen. Durante meses, los medios masivos de comunicación ofrecieron imágenes de un mundo agrario que poco o nada tiene que ver con una realidad pletórica de contradicciones, desigualdades e injusticias que fueron prolijamente desdeñadas. Con el notable esfuerzo de los movimientos campesinos y de políticas públicas desplegadas desde el Gobierno Nacional se buscó darle rostro y presencia a los olvidados sabiendo, a su vez, todo lo que falta para revertir una historia de despojo y abandonos múltiples.
Una estrategia que alcanzó a borrar una historia que viene de muy lejos y que, en el interior de nuestra vida nacional, ha sido uno de los ejes y de los núcleos centrales de la reproducción del poder. Desde los tiempos tumultuosos del siglo XIX, pasando por los no menos complejos y contradictorios del siglo XX, la problemática agraria y, sobre todo, la cuestión de la renta extraordinaria y de la concentración de la tierra han sido tanto un nudo irresuelto como un ámbito de litigio que nos persigue hasta el presente. Ni siquiera el primer peronismo, el de los años heroicos, aquel del estatuto del peón rural y de las juntas nacionales de carnes y granos, pudo hacerse cargo, en un sentido progresivo, de la concentración de la tierra y de un debate siempre postergado, reprimido, ninguneado y silenciado desde los albores de nuestra historia que no es otro que el de la tenencia de la tierra o, para decirlo sin eufemismos, el de la reforma agraria. El último momento en el que se intentó horadar ese muro de complicidades e imposibilidades fue cuando Horacio Giberti, secretario de agricultura de los gobiernos de Cámpora y de Perón, propuso aplicar el impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Lo que siguió fue, claro, la represión y el olvido de ese largo e inconcluso camino que recorre como un hilo delgado pero persistente los momentos más dramáticos de nuestra historia.
Del mismo modo, el ritual invernal que reúne en Palermo al poder agrario concentrado tiene como uno de sus principales objetivos mostrarle a la sociedad que “el campo” ha sido, es y será el centro neurálgico de la vida argentina y el núcleo desde el que irradia la verdadera riqueza nacional. Desde la más tierna infancia los niños y niñas han sido educados, primero por el magisterio y luego a través de la visita de rigor a la exposición anual, en la convicción de que existe una “comunidad agraria” y que ella es el centro de la virtud, la riqueza y el trabajo de nuestro país. Nada se nos dice sobre la concentración de la tierra ni sobre la continua expropiación y expulsión de miles y miles de familias campesinas ni de la complicidad y hasta participación de la Sociedad Rural en los golpes de Estado desde el 30 en adelante. El avance, hoy, de la frontera agraria en nombre de las nuevas tecnologías de siembra directa y el uso sistemático de agrotóxicos no han hecho más que agravar este cuadro histórico de injusticias y violencias (allí está, como muestra, lo que está sucediendo en provincias como Santiago del Estero, Salta y Corrientes –en especial la primera, en que la violencia homicida se ha cobrado la vida de jóvenes campesinos–).
Lo que sentí durante esa espléndida jornada fue la potencia de lo que viene desplegándose, con idas y vueltas, en el país. En este caso, lo que se ponía sobre la mesa de discusión era, tal vez, lo más difícil de explicitar, aquello que desde los orígenes nos acompaña pero que ha sido astutamente relegado y silenciado para impedir, precisamente, que se interpelara a uno de los poderes económicos centrales de nuestra sociedad. Las intervenciones no hablaban sólo de la extranjerización de la tierra (tema no menor y de relevante significación para defender un patrimonio del conjunto de los argentinos en estas épocas de voraces capitales que buscan apropiarse de riquezas no renovables), sino que también, como consecuencia natural, se extendían hacia el avance de los agronegocios concentrados que tienden, en primera instancia, a expulsar a los campesinos lanzándolos a engrosar los cinturones de pobreza de las grandes ciudades y a quebrarle el espinazo a la biodiversidad, a la proliferación de cultivos y a la sustentabilidad, a largo plazo, de la producción agrícola para reemplazarla por fenómenos de monocultivo asociados, la mayoría de ellos, al uso a destajo de agroquímicos.
Por Ricardo Forster
En los últimos días del año pasado, cuando ya imaginábamos que la intensidad argentina nos iba a dar un respiro, el Gobierno Nacional tomó la decisión, más simbólica que económica, pero no por eso menos importante y reparadora, de anular la venta que la administración de Carlos Menem y a precio vil le había conferido a la Sociedad Rural la propiedad de varias hectáreas emblemáticas en Palermo en las que, desde 1875, se viene desarrollando la exposición agroganadera en la que el poder de los dueños de la tierra se ofrece al conjunto de la sociedad como el núcleo fundacional y decisivo de la vida nacional. Una antigua querella, central de nuestra historia, regresa con la decisión de Cristina Fernández de romper, otra vez, la trama de privilegios que las corporaciones siguen teniendo en el país. Ya conocemos la primera respuesta de la Justicia a través de la Cámara civil y comercial. Una vez más (y con el antecedente vergonzoso del último fallo de la Corte Suprema prolongando la cautelar del grupo Clarín) el Poder Judicial, estructurado también como corporación y atento a sus profundas e históricas relaciones con los grupos económicos principales, benefició a los que desde siempre han ejercido, con impunidad, su dominio. Pero, lo que me interesa discutir en esta columna no es esa cuestión –política y simbólicamente muy significativa, que con seguridad tendré oportunidad de retomar en las próximas semanas–, sino el verdadero fondo del poder de los grandes propietarios rurales que no es otro que el de la tierra y su absolutamente desigual distribución que ha marcado nuestra historia desde los tiempos fundacionales.
Cada época define, lo sepa o no, lo explicite o no, aquello que adquiere el estatus de la visibilidad y aquello otro que irá a parar a la región del olvido o de la exclusión. La historia de nuestro país es, también, la larga saga de lo negado y de lo que, bastando su sola mención, podía acarrear el desprecio o, mucho peor, la violencia y la condena de los poderes hegemónicos. Por eso el relato dominante de la historia logró, durante gran parte de nuestra travesía como nación, obturar cualquier referencia a la cuestión agraria que, como todos saben, es, quizás, el centro neurálgico de nuestra inicial, y también posterior, existencia política y económica. Pocos temas de nuestra existencia nacional han sido tan sistemáticamente negados como el de la concentración de la tierra. Los relatos que se ofrecieron como “fundacionales” de la Argentina pasaron por alto la política de despojos y la estrategia de acaparamiento que un pequeño grupo llevó adelante desde la segunda mitad del siglo XIX y que profundizó la generación del ’80. Ni los radicales, cuando todavía eran un partido de origen y raigambre popular bajo la égida de Yrigoyen, ni tampoco el propio peronismo pusieron realmente en discusión la propiedad concentrada de la mayor parte de las tierras. Algunas pocas políticas de colonización permitieron que en ciertas zonas se desarrollaran las pequeñas y medianas propiedades agrícolas, pero lo que dominó la estrategia de la clase terrateniente desde los albores de nuestra nacionalidad fue, en definitiva, la apropiación en pocas manos de la tierra. Allí está el “grito de Alcorta” para recordarnos la lucha de esos pequeños arrendatarios contra el abuso de los grandes propietarios. En la actualidad, otras formas más sofisticadas del capital-liberalismo vienen a desplazar, en parte, las formas tradicionales de concentración y, bajo la estructura anónima de los pool de siembra y de las “inversiones” especulativas que se disparan desde cualquier parte del mundo financiero, le van dando nueva fisonomía a la expulsión de miles de campesinos y a la tendencia prácticamente imparable hacia los monocultivos.
Más allá del anacronismo que hoy puede tener una denominación como “oligarquía” para definir a los grandes dueños de la tierra, e incluso salvando las distancias que en la actualidad separan al mundo de la producción agroganadera de la que existía en la Argentina del primer centenario en el que ejerció su dominio y su hegemonía ideológico-cultural una clase oligárquica, lo cierto es que tanto ayer como hoy lo que permanece invisible, lo que constituye un escándalo con sólo pronunciarlo, es el tema ausente por excelencia de nuestra historia: la cuestión de la concentración de la tierra (sea en manos de compatriotas como de extranjeros, sobre todo en las últimas décadas en las que crecieron exponencialmente las inversiones foráneas que buscan quedarse con cientos de miles de hectáreas en casi todo el país) y, como consecuencia de esto, el reclamo, siempre desoído, de su distribución más equitativa que ha llevado, a lo largo de los dos siglos de independencia, el nombre, siempre maldito para el poder, de reforma agraria. Tema tabú. Ausencia de la saga heroica de quienes lucharon para abrir la propiedad de la tierra y volverla un bien social. Represión, tachadura, olvido, silencio, expulsión, son un puñado de palabras que apenas si alcanzan a narrar la violencia material y simbólica que se ejerció sobre los campesinos que, con tozudez y heroicidad, nunca abandonaron su reclamo de derechos, su sed inagotable de vivir y producir en la tierra de sus ancestros, en el caso de los pueblos originarios, y de sus tatarabuelos en el caso de mestizos, criollos e inmigrantes que vinieron a poblar nuestro suelo. Diversas estrategias del saqueo y la apropiación fueron dibujando el mapa de la injusticia agraria. Reparar el daño que viene de tan lejos es una de las tareas pendientes de una democracia que nunca ha dejado de girar, en lo mejor de sí misma, en torno al litigio por la igualdad.
Tuve la oportunidad de participar en la ciudad de Corrientes, hace un tiempo, en una jornada de debate de lo que era, en ese momento, el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo de protección sobre el dominio nacional de tierras rurales. Organizada por la subsecretaría de producción familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación, la jornada, absolutamente notable, no sólo convocó a una gran concurrencia sino que de ella participaron tanto los técnicos de la subsecretaría como muchísimos representantes de las diversas comunidades campesinas de toda la provincia. Todos estaban allí: los agrónomos y los veterinarios, los trabajadores sociales y los economistas, los abogados y algunos políticos junto con hombres y mujeres que venían de lo profundo de una provincia en la que la concentración y la extranjerización de las tierras constituye el principal flagelo de la pequeña producción agraria y de la continuidad de la vida, de la cultura y de los proyectos de miles y miles de familias campesinas que, pese a estar allí, en su tierra, desde generaciones, hoy ven amenazada su continuidad y sus derechos por el avance sistemático y brutal de las topadoras que, en Corrientes, llevan no tanto o centralmente el rasgo de la soja sino de las arroceras y de las forestales que buscan, sin ningún reparo, expandir sus respectivas fronteras asfixiando y expulsando a los campesinos.
Discutir una ley de tierras constituye algo que, hasta no hace mucho tiempo, resultaba inimaginable. Si hay una cuestión invisibilizada en nuestro país esa es la cuestión de la tierra, de su tenencia y de su concentración. Cuando estalló el conflicto alrededor de la resolución 125 pudimos ser testigos de una colosal y, en ese momento, lograda estrategia de la corporación agromediática que buscó proyectar una imagen bucólica de lo que se denominó con insistencia “el campo”. Allí se logró, durante esos meses de arduo conflicto, borrar las marcas de la diversidad, de la injusticia, de la explotación, de la violencia, de la expulsión, de la concentración, de la feudalización y de la extranjerización que predominan en el paisaje agrario argentino ofrecido, al público urbano, como una suerte de comunidad ideal semejante a una gran familia Ingalls. Desmontar ese relato hegemónico (sustentado y multiplicado año tras año durante las semanas de la exposición rural que se lleva a cabo, desde el siglo XIX, en el Predio Ferial de Palermo, hoy centro de una nueva disputa entre el Gobierno Nacional y la Sociedad Rural) es una tarea ardua y difícil que supone, también, remontar un imaginario social en el que la vida campesina ha permanecido, por lo general, invisibilizada o transformada en una idílica historia de gringos trabajadores que con esfuerzo y sudor alcanzaron a tener lo que hoy tienen. Durante meses, los medios masivos de comunicación ofrecieron imágenes de un mundo agrario que poco o nada tiene que ver con una realidad pletórica de contradicciones, desigualdades e injusticias que fueron prolijamente desdeñadas. Con el notable esfuerzo de los movimientos campesinos y de políticas públicas desplegadas desde el Gobierno Nacional se buscó darle rostro y presencia a los olvidados sabiendo, a su vez, todo lo que falta para revertir una historia de despojo y abandonos múltiples.
Una estrategia que alcanzó a borrar una historia que viene de muy lejos y que, en el interior de nuestra vida nacional, ha sido uno de los ejes y de los núcleos centrales de la reproducción del poder. Desde los tiempos tumultuosos del siglo XIX, pasando por los no menos complejos y contradictorios del siglo XX, la problemática agraria y, sobre todo, la cuestión de la renta extraordinaria y de la concentración de la tierra han sido tanto un nudo irresuelto como un ámbito de litigio que nos persigue hasta el presente. Ni siquiera el primer peronismo, el de los años heroicos, aquel del estatuto del peón rural y de las juntas nacionales de carnes y granos, pudo hacerse cargo, en un sentido progresivo, de la concentración de la tierra y de un debate siempre postergado, reprimido, ninguneado y silenciado desde los albores de nuestra historia que no es otro que el de la tenencia de la tierra o, para decirlo sin eufemismos, el de la reforma agraria. El último momento en el que se intentó horadar ese muro de complicidades e imposibilidades fue cuando Horacio Giberti, secretario de agricultura de los gobiernos de Cámpora y de Perón, propuso aplicar el impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Lo que siguió fue, claro, la represión y el olvido de ese largo e inconcluso camino que recorre como un hilo delgado pero persistente los momentos más dramáticos de nuestra historia.
Del mismo modo, el ritual invernal que reúne en Palermo al poder agrario concentrado tiene como uno de sus principales objetivos mostrarle a la sociedad que “el campo” ha sido, es y será el centro neurálgico de la vida argentina y el núcleo desde el que irradia la verdadera riqueza nacional. Desde la más tierna infancia los niños y niñas han sido educados, primero por el magisterio y luego a través de la visita de rigor a la exposición anual, en la convicción de que existe una “comunidad agraria” y que ella es el centro de la virtud, la riqueza y el trabajo de nuestro país. Nada se nos dice sobre la concentración de la tierra ni sobre la continua expropiación y expulsión de miles y miles de familias campesinas ni de la complicidad y hasta participación de la Sociedad Rural en los golpes de Estado desde el 30 en adelante. El avance, hoy, de la frontera agraria en nombre de las nuevas tecnologías de siembra directa y el uso sistemático de agrotóxicos no han hecho más que agravar este cuadro histórico de injusticias y violencias (allí está, como muestra, lo que está sucediendo en provincias como Santiago del Estero, Salta y Corrientes –en especial la primera, en que la violencia homicida se ha cobrado la vida de jóvenes campesinos–).
Lo que sentí durante esa espléndida jornada fue la potencia de lo que viene desplegándose, con idas y vueltas, en el país. En este caso, lo que se ponía sobre la mesa de discusión era, tal vez, lo más difícil de explicitar, aquello que desde los orígenes nos acompaña pero que ha sido astutamente relegado y silenciado para impedir, precisamente, que se interpelara a uno de los poderes económicos centrales de nuestra sociedad. Las intervenciones no hablaban sólo de la extranjerización de la tierra (tema no menor y de relevante significación para defender un patrimonio del conjunto de los argentinos en estas épocas de voraces capitales que buscan apropiarse de riquezas no renovables), sino que también, como consecuencia natural, se extendían hacia el avance de los agronegocios concentrados que tienden, en primera instancia, a expulsar a los campesinos lanzándolos a engrosar los cinturones de pobreza de las grandes ciudades y a quebrarle el espinazo a la biodiversidad, a la proliferación de cultivos y a la sustentabilidad, a largo plazo, de la producción agrícola para reemplazarla por fenómenos de monocultivo asociados, la mayoría de ellos, al uso a destajo de agroquímicos.
Por eso el debate atravesó distintas problemáticas que iban desde lo medioambiental a lo demográfico, de la soberanía alimentaria (que en nuestro país la garantiza la pequeña producción familiar) a la expansión inmisericorde de la frontera sojera, arrocera o forestal, de la concentración de la tierra a la necesidad de garantizar el acceso de los campesinos a títulos de propiedad desde siempre ninguneados por las autoridades por lo general cómplices de los grandes terratenientes. Pero también se habló de tierra y cultura, es decir, de lo que significa sostener la vida de miles de comunidades campesinas que, al ir mermando o literalmente desapareciendo, van dejando detrás tradiciones que se fugan de nuestro presente. Se habló de derechos y se recordó la memoria, antigua y contemporánea, de los luchadores agrarios. Y, claro, lo que sobrevoló el debate fue la certeza de que estamos viviendo un tiempo de apertura y de posibilidades, tiempo atravesado por la reconstrucción de memorias ancestrales, de aquellas que siempre supieron lo que es la injusticia y que hoy se entrelazan con las nuevas demandas de los grandes olvidados, de todos aquellos que han derramado su sudor en los surcos de una patria que busca, de nuevo y con insistencia, ser para todos. El debate por la ley de tierras, así a secas, como queriendo expresar todo lo que se guarda en su interior, es un gran paso adelante en el camino de los derechos y de la visibilidad de lo que hasta ahora permanecía invisible. Un año atrás, cuando tuvo lugar ese debate (y después cuando se aprobó la ley), no imaginábamos que al finalizar el 2012 nos íbamos a encontrar, gracias a una decisión de reparación histórica del Gobierno Nacional, de nuevo con la cuestión del poder agrario concentrado, con la capacidad de influencia de los dueños de la tierra sobre el poder judicial pero, sobre todo, con la decisión de avanzar en el cuestionamiento material, simbólico, cultural y político de ese mismo poder
domingo, 6 de enero de 2013
Justicia legítima.
¿cómo puede durar tres años una medida cautelar?
El fiscal general Jorge Auat dijo a CN23 que “hay que dar la discusión por un Poder Judicial que la sociedad requiere y reclama”. Tras la solicitada publicada este jueves, aseguró: “Vamos hacia un foro donde discutiremos las cosas centrales”.
Por: INFOnews
Luego de que se publicara este jueves la solicitada “Hacia una ‘Justicia Legítima’”, el fiscal general Jorge Auat afirmó en CN23 que “el debate es impostergable”.
“Hay que dar la discusión por un Poder Judicial que la sociedad requiere y reclama. Los que eran magistrados de la dictadura el 9 de diciembre del 83 pasaron el 11 de diciembre a ser magistrados de la democracia, y la realidad es que no han cambiado”, afirmó.
El fiscal afirmó que “este segundo documento es la continuidad” del que fue publicado el pasado 11 de diciembre. “Vamos hacia un foro donde vamos a discutir las cosas centrales. Es la piedra angular de un cambio”, afirmó.
El documento de este jueves propone “iniciar un cambio de acercamiento y conciliación del sistema judicial con la sociedad, para profundizar el debate”, e invita a un Encuentro Nacional de la Magistratura a fines de febrero,
Asimismo, Auat criticó el comunicado del pasado 7 de diciembre de la Asociación de Magistrados, al considerar que “fue un reclamo de independencia de poder que tenía la intención de cercenar el derecho a recusar”.
“Cuando uno habla de poder, no son solo los del estado. Hay poderes reales y nosotros lo hemos visto, especialmente durante la dictadura. El terrorismo de estado tuvo complicidad por fuera de los cuarteles. Los grupos económicos como Blaquier”, recordó el fiscal.
Por su parte, el fiscal de Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca sostuvo, en relación a la solicitada “Una justicia legítima”, que acompañó con su firma, que "hay un espíritu común en todos los firmantes que tiene que ver con la necesidad de ponerle fin a una forma de ejercer el poder".
Reclamó que “hay que transparentar las discusiones y darles pelea” y definió que “esa es una forma de contener los reclamos sociales, institucionales, políticos y de cualquier orden”.
“Si uno está seguro de lo que tiene que resolver no tiene que importarle quién lo apure. Ni el Poder Ejecutivo ni un grupo económico”, sentenció De Luca.
Por último ilustró su posición con el jucio a las Juntas Militares: “en menos de un año 6 jueces, sin computadoras, con 10 secretarios letrados de 25 años y algunos oficiales primeros, hicieron el juicio a las Juntas y no pararon los trámites de las causas comunes, entonces: ¿cómo puede durar tres años una medida cautelar?”, se preguntó en referencia al Grupo Clarín y la Ley de Medios.
“Esta es la diferencia entre una justicia que sirve a la comunidad y una justicia encriptada”, concluyó.
El fiscal afirmó que “este segundo documento es la continuidad” del que fue publicado el pasado 11 de diciembre. “Vamos hacia un foro donde vamos a discutir las cosas centrales. Es la piedra angular de un cambio”, afirmó.
El documento de este jueves propone “iniciar un cambio de acercamiento y conciliación del sistema judicial con la sociedad, para profundizar el debate”, e invita a un Encuentro Nacional de la Magistratura a fines de febrero,
Asimismo, Auat criticó el comunicado del pasado 7 de diciembre de la Asociación de Magistrados, al considerar que “fue un reclamo de independencia de poder que tenía la intención de cercenar el derecho a recusar”.
“Cuando uno habla de poder, no son solo los del estado. Hay poderes reales y nosotros lo hemos visto, especialmente durante la dictadura. El terrorismo de estado tuvo complicidad por fuera de los cuarteles. Los grupos económicos como Blaquier”, recordó el fiscal.
Por su parte, el fiscal de Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca sostuvo, en relación a la solicitada “Una justicia legítima”, que acompañó con su firma, que "hay un espíritu común en todos los firmantes que tiene que ver con la necesidad de ponerle fin a una forma de ejercer el poder".
Reclamó que “hay que transparentar las discusiones y darles pelea” y definió que “esa es una forma de contener los reclamos sociales, institucionales, políticos y de cualquier orden”.
“Si uno está seguro de lo que tiene que resolver no tiene que importarle quién lo apure. Ni el Poder Ejecutivo ni un grupo económico”, sentenció De Luca.
Por último ilustró su posición con el jucio a las Juntas Militares: “en menos de un año 6 jueces, sin computadoras, con 10 secretarios letrados de 25 años y algunos oficiales primeros, hicieron el juicio a las Juntas y no pararon los trámites de las causas comunes, entonces: ¿cómo puede durar tres años una medida cautelar?”, se preguntó en referencia al Grupo Clarín y la Ley de Medios.
“Esta es la diferencia entre una justicia que sirve a la comunidad y una justicia encriptada”, concluyó.
03/01/2013 (1475) 
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